De qué va esto — la versión corta
El 18 de abril de 2026 la Comunidad del Centro Comercial Cita eligió una nueva administración. La abogada Eugenia Talavera Plata asume administración, secretaría y asesoramiento jurídico a la Comunidad — todo en una sola persona, por una cuota fija de 3.000 euros al mes. Que además sea letrada de confianza del presidente — había intervenido a su favor ya en la junta de enero y en la del 7 de marzo — no figuraba en el orden del día ni se mencionó en su presentación. Una ganga, a primera vista.
A la segunda mirada, son cuatro sombreros sobre una sola cabeza.
⚖️ Antes y después del 18 de abril
Antes — varias cabezas (LPH art. 13.1):
- Presidente — William Enrique Reyes
- Secretario en funciones — Matthias Camenzind (hasta el 6 de abril)
- Administrador — Administraciones Horizontal y Vertical S.L.
- Abogados — despachos externos
Después — una persona, cuatro funciones:
- Presidente — William Enrique Reyes
- Administradora, secretaria y abogada interna de la Comunidad — Eugenia Talavera Plata (EUTAPLA Grupo SLU)
- Letrada de confianza del presidente — la misma. Ya había intervenido a su favor en las juntas de enero y marzo de 2026.
El art. 13.6 LPH permite que secretaría y administración recaigan en la misma persona. Sobre todo lo demás, la ley no dice nada. Quizá porque nadie se lo imaginó.
El Cita en crisis
El Cita fue, hace años, el corazón del comercio en Playa del Inglés. Hoy figura, en el último informe del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en una lista corta de ocho — entre los centros comerciales «obsoletos» del municipio. El Yumbo, tres calles más allá, no está en esa lista. Fuera, la isla va a toda máquina. Dentro del Cita, locales cerrados desde hace meses, facturaciones de los inquilinos que bajan año tras año, y una situación de seguridad que alimenta conversaciones que nadie quiere tener.
Quien entra a la junta ese sábado por la mañana no es solo propietario. Lleva dentro un cansancio largo — y con ese ánimo, «3.000 euros todo incluido» suena a la llamada que se estaba esperando desde hace tiempo.
Tres preguntas que no se hicieron
1 · El acta que nunca llegó
La junta del 7 de marzo no fue un trámite: nueva junta, cambio de presidente por 40-27, no renovación del administrador. Cuarenta y dos días después: sin acta, solo una página y media del mismo administrador saliente. En ella no aparece el recuento de votos, ni una lista de acuerdos — y sobre el presupuesto 2025 consta exactamente lo contrario de lo que ocurrió aquel día. Fue rechazado. Las 1,5 páginas afirman que fue aprobado. El presupuesto 2026 se levanta sobre ese resultado invertido: la misma cifra que no obtuvo mayoría en marzo figura ahora como punto de partida. El plazo de impugnación del artículo 18 LPH sigue corriendo — formalmente contra un no-documento, en la práctica contra una falsedad.
2 · Los ordenadores que salieron andando
¿Por qué ninguna denuncia cuando desaparecieron los ordenadores de la oficina? Un empleado — de nombre Enrique — habría permitido al hijo del expresidente fallecido Cristóbal llevarse los equipos, en la creencia de que contenían documentación personal del hijo. En esos mismos equipos estaban los datos de la Comunidad. Calificación del presidente el 18 de abril: «no es robo, pero sí un ilícito». Dónde están los aparatos hoy: no se habló. La calificación jurídica exacta queda por aclarar. Lo que no queda por aclarar: han desaparecido datos de una persona jurídica a la que la junta debe un deber fiduciario — y hasta hoy no ha llegado ninguna reacción formal.
Sobre el acceso a las cuentas, el presidente afirmó que desde el 7 de marzo «no habían podido trabajar». En marzo, él mismo lo había formulado de otra manera:
📱 Comunicación escrita del presidente, 31 de marzo de 2026
WhatsApp al entonces secretario, 20:04–20:06 h:
«Aquí se llevaron los ordenadores de la oficina»
«Nos quitaron el acceso a las cuentas»
«En fin todo ha sido un desmadre»Los originales obran en poder de la redacción.
«No habíamos podido trabajar» describe una parálisis. «Nos quitaron el acceso» describe un acto. Cuál de las dos versiones es la cierta se podría aclarar. Bastaría con preguntar. Un cuestionario escrito de 54 puntos, entregado al presidente el 1 de abril, sigue sin respuesta a día de hoy.
3 · La candidata que ya estaba dentro
Según ha podido constatar esta redacción, Eugenia Talavera Plata ya había intervenido a favor del presidente Enrique Reyes en las juntas de enero y del 7 de marzo de 2026 — antes de ser elegida administradora el 18 de abril. El 8 de marzo — al día siguiente del cambio de poder — recibió el plan de transición de la nueva junta y respondió con un escueto «Ok perfecto». Durante las seis semanas siguientes coordinó de hecho el traspaso. Las mismas seis semanas en las que no se cambiaron las cerraduras, no se aseguraron las cuentas y no se recuperaron los ordenadores.
▾ Lo que dice el código deontológico de la abogacía
La convocatoria de la junta del 18 de abril solo decía «elección de administrador y secretario» — sin nombre. Los propietarios supieron quién era la candidata únicamente al entrar en la sala. Su doble función: no declarada. El Código Deontológico de la Abogacía Española obliga en su artículo 12 a revelar cualquier situación que pueda aparentar un conflicto de intereses. El 18 de abril, el artículo 12 no llegó a tomar la palabra.
Dos preguntas, dos minutos, mayoría
Desde el plenario llegó la objeción obvia: ¿por qué no comparar ofertas antes de atarse a la única candidata sobre la mesa? La objeción se respondió llamando de inmediato a votación. «¿Quién se opone?» Breve pausa, y acto seguido: «¿Alguien más?» Esa segunda pregunta solo la formula quien ya ha obtenido respuesta a la primera. Cuántos votos en contra hubo realmente, las notas no lo recogen. Solo anotan: mayoría. Eso no es lo mismo que unanimidad.
Dos presupuestos, un hueco — y lo que dice realmente la ley
Presupuesto 2025
Junta 7 de marzoRechazado.
ActaNunca publicada.
Junta 18 de abrilSilenciado — no se llevó a debate.
ConclusiónCuentas 2025 no aprobadas.
Presupuesto 2026
Gasto real 2025705.974 €
Borrador 2026879.536 €
Subida+24,6 % — la misma cifra rechazada el 7 de marzo.
De ello, personal+44.000 € respecto a 2025.
La contradicción
Se vende comoCuota plana de 3.000 €/mes para administración, secretaría y abogada interna — ahorro en costes de personal.
En realidadLa partida de personal del presupuesto sube 44.000 €.
JustificaciónNinguna. El 7 de marzo nadie quiso explicar por qué el personal 2025 era tan caro. Ahora es más caro.
El presupuesto que nadie ha explicado
No había presupuesto nuevo — sin administrador, no había quien lo redactara. Así que se adoptó el borrador de la junta saliente: 879.536 euros de gastos más un 10 % de fondo de reserva, 967.490 euros para 2026. Ese mismo borrador se había puesto ante los mismos propietarios el 7 de marzo — y fue rechazado de forma abrumadora. Cuarenta y dos días después, sin una sola línea modificada, sale adelante. Lo que ha cambiado en seis semanas no es la cifra. Es si alguien sigue preguntando. En cuentas, en torno a 615.000 euros — suponiendo que cuentas y acceso hayan vuelto a encontrarse entretanto.
▾ La cuestión jurídica — ¿es esto legal?
¿Esto es legal? Respuesta corta: en parte sí — pero con un hueco real. Una junta puede coger un presupuesto que rechazó en marzo, volverlo a poner sobre la mesa en abril y aprobarlo por mayoría. La ley (art. 19.3 LPH) hace ejecutivos esos acuerdos desde el momento en que se adoptan. Hasta ahí, todo en regla.
Queda la ley. La Ley de Propiedad Horizontal (art. 16.1 LPH) exige que los propietarios aprueben el presupuesto cada año. El 18 de abril se aprobó el borrador 2026. Las cuentas de 2025 no — fueron rechazadas el 7 de marzo, nunca recogidas en acta, nunca llevadas al orden del día del 18 de abril. El escándalo no es de forma. Está en la cifra: rechazar un presupuesto el 7 de marzo porque nadie puede decir por qué el personal cuesta tanto, y aprobar la misma cifra el 18 de abril con 44.000 € más en personal — mientras se vende la cuota plana de 3.000 € para administración, secretaría y abogada como ahorro de personal — es un problema que las formalidades no tapan.
Impugnación: los propietarios disponen de tres meses para impugnar un acuerdo (un año si vulnera la ley o los estatutos — art. 18 LPH). Tienen derecho: quienes hicieron constar en acta su voto en contra, los ausentes y quienes fueron privados indebidamente del voto. El plazo corre desde el 18 de abril.
💸 La cifra que nadie ha explicado
- Gasto real 2025: 705.974 €
- Borrador 2026: 879.536 €
- Diferencia: +173.562 € (+25 %)
Desglose: personal +44.000 € · limpieza +50 % · toldos +55 % · seguridad al alza.
Al otro lado: cuotas impagadas 1,9 millones de euros — gasto en abogados para reclamar esa deuda en 2025: 3.568 €.
Una comunidad que recorta en sus galerías y no en la partida de personal no es una comunidad que se explique sola. Las preguntas sobre el presupuesto 2025 ya se plantearon en estas páginas — y siguen sin respuesta. El borrador 2026 le añade otro escalón por encima, sin que haya nadie en el puesto para justificarlo. Aun así, se adoptó.
La nueva administradora cifró la necesidad de rehabilitación en cuatro o cinco millones de euros a diez años — aproximadamente ocho veces la suma que hoy hay en cuentas. Lo que se presentó para sostener esa cifra: nada. Ni informe técnico, ni presupuesto, ni pliego de condiciones. Eugenia Talavera Plata es abogada, no perita de edificación. Perita de edificación no lo es. Una cifra de ese orden, sacada de la manga, no es un plan de rehabilitación. Es una declaración sobre el orden de magnitud con el que la administración entrante trabajará — y decidirá.
Por qué importa el orden de los hechos
El pasaje decisivo de esta junta no es la votación. Es el orden. La decisión se tomó antes de que existiera el acta del 7 de marzo. Antes de que se aclararan los ordenadores y las cuentas. Antes de que la doble función de la candidata estuviera sobre la mesa. Antes de que alguien explicara la subida del presupuesto. La aclaración, que en un traspaso ordenado iría delante del voto, se puso en su lugar.
La separación de poderes no es un lujo que uno se concede cuando las cosas van bien. Es la protección que se activa cuando no van bien — y en el Cita no van bien desde hace ya un tiempo. Donde una sola persona administra, levanta acta y asesora jurídicamente a la Comunidad — siendo además letrada de confianza del presidente — dentro de los órganos de la Comunidad ya no queda una segunda mirada. La función de control que la ley reparte entre varios hombros recae ahora sobre los propios propietarios. Para ejercerla, primero tienen que darse cuenta.
❓ A vigilar en las próximas semanas
- ¿Llega, por fin, el acta del 7 de marzo?
- ¿Dónde están los ordenadores y quién tiene qué datos?
- ¿Se justificará la subida del presupuesto partida por partida?
- ¿Se hará visible la doble función de la administradora en sus decisiones — o se desvanecerá justo cuando importe?
El Cita ha sobrevivido a muchas cosas en sus décadas. Lo que necesita ahora no es la solución más barata, sino la más limpia.
CITA News seguirá atenta.
Nota de la redacción
Matthias Camenzind es editor y director de CITA News y Administrador Único de una sociedad que es propietaria en el Centro Comercial Cita. En esa condición representa a un propietario dentro de la Comunidad de Propietarios. El 7 de marzo de 2026 fue nombrado Secretario en funciones de la Junta de Gobierno recién elegida y ejerció el cargo hasta el 6 de abril de 2026. Estos conflictos de intereses quedan aquí expresamente declarados. Las personas mencionadas pueden remitir aclaraciones y rectificaciones en cualquier momento a [email protected].
Aviso jurídico
Amparado por el artículo 20 de la Constitución española. Las afirmaciones de hecho se basan en fuentes escritas y documentadas.