Las cifras nacionales: Canarias entre las que más suben
El Ministerio del Interior publicó a finales de febrero de 2026 el balance de criminalidad del año completo 2025. El resultado: la criminalidad en Canarias subió un 3,1 por ciento.
Con ello, el archipiélago queda claramente por encima de la media española (+0,8 por ciento) y se sitúa entre las diez comunidades autónomas con mayor incremento — detrás de Castilla y León (+5,8), Baleares (+5,6) y Asturias (+5,4). Como comparación: Cataluña (-2,9) y Madrid (-1,7) registraron descensos.
No es algo nuevo. La tendencia viene de antes. La Fiscalía Superior de Canarias señalaba en su Memoria 2025 que en la provincia de Las Palmas el número de diligencias previas incoadas en 2024 había crecido un 20,59 por ciento — de casi 54.000 a más de 65.000 casos. Más que la media autonómica del 14,65 por ciento.
La capital: primeros homicidios en años
Especialmente llamativa es Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad registró en 2025 un total de 19.798 infracciones penales, un 1 por ciento más que en 2024. La cifra parece pequeña. Detrás se esconden desplazamientos dramáticos en los delitos graves.
Ocho homicidios dolosos y asesinatos consumados. En 2024 fueron cero. Los homicidios en grado de tentativa pasaron de 10 a 11. La ciberdelincuencia creció un 3,6 por ciento, de 3.741 a 3.877 infracciones conocidas.
Ese es el problema que la estadística del Interior tiene siempre: la tendencia general puede parecer moderada mientras la criminalidad violenta se dispara. En el primer semestre de 2025 el patrón ya era visible — a nivel de Canarias, los homicidios dolosos y asesinatos subieron un 223,3 por ciento, los secuestros un 100 por ciento, los robos con violencia un 14 por ciento.
El Sureste: donde los números empezaron a girar
En el Sureste — Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana — las señales de alarma estaban ya pronto. Canarias7 informaba en septiembre de 2024 que la criminalidad había crecido en Ingenio un 14,2 por ciento y en Agüimes un 11,6 por ciento en el primer semestre. Los robos con violencia e intimidación se triplicaron en Ingenio, de 3 a 9 casos.
En 2025 siguió. Santa Lucía de Tirajana cerró el año con cerca de 4.977 infracciones penales — nivel prepandemia. A finales de junio, 15 robos con violencia en solo 45 días. Estadísticamente un estallido.
En marzo de 2026 la Guardia Civil detuvo a un presunto autor en serie que desde mediados de febrero había asaltado carnicerías, tiendas de telefonía, comercios de dulces y centros de estética en Santa Lucía, Ingenio y Agüimes. Daños: más de 6.300 euros.
Apenas cuatro semanas después, el 14 de abril, el atraco organizado a la joyería Horacio en Carrizal. Cinco autores con capuchas negras, martillos y hachas. Un coche de alquiler robado en Puerto Rico. Se llevaron exclusivamente oro — la plata ni la tocaron. El propietario se lanzó sobre uno de los asaltantes e impidió el vaciado completo.
Veinticinco segundos. El comando cambió a un segundo vehículo de fuga y desapareció.
Los propios vecinos describen lo que ven. En Vecindario — el núcleo urbano de Santa Lucía — los residentes denuncian en redes sociales «falta de patrullas visibles, deficiencias en la iluminación urbana, sensación de abandono en zonas conflictivas». Se reportan incidentes en entornos escolares, parques, avenidas.
Una testigo de la joyería Horacio lo resumió así:
«Llevamos más de una década con robos continuos.»
El Sur: hoteles, centros vacíos, ciudad turística
En el sur turístico — Playa del Inglés, Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana — los números muestran un cuadro parecido. El Centro Comercial Ronda pertenece todavía a los centros activos — y aun así fue escenario de dos atracos.
El 20 de febrero, tres encapuchados armados con grandes cuchillos asaltaron un salón de juego y se llevaron hasta 100.000 euros de la recaudación diaria. Conocían los procedimientos internos, fueron directos a la caja. En abril, el siguiente golpe en el mismo centro.
Muchos otros centros comerciales ya ni siquiera están activos.
El Centro Comercial Metro fue tapiado hace años para frenar el tráfico de drogas y el uso ilícito. El Centro Comercial Plaza estuvo precintado por orden municipal desde febrero de 2022 hasta 2024. El partido Primero Canarias denunciaba en septiembre de 2025 el estado de los centros — Metro y Plaza cerrados o en ruinas, Gran Chaparral, La Sandía y el C.C. Cita en estado «lamentable y deteriorado». «Cientos de locales vacíos, familias sin empleo, turistas que perciben la decadencia.»
Fue precisamente en ese entorno donde en marzo ocurrió el homicidio del turista de 84 años. El autor, según la policía, usaba sistemáticamente aplicaciones de citas para robar a turistas — sabiendo que muchos saldrían del país sin denunciar. A otra víctima le sustrajo 20.000 euros.
Tampoco Tenerife se libra. Se acaba de conocer que cuatro hombres armados con bates de béisbol, cuchillos y martillos asaltaron un hotel en Adeje, reventando cristaleras para acceder. Quien crea que el problema de seguridad se limita a Gran Canaria se equivoca.
La pregunta más polémica: ¿qué pasa con los migrantes?
Aquí el debate se vuelve tóxico con rapidez — así que nos atenemos a lo que está documentado.
Hecho 1: El Gobierno de Canarias tutela a más de 5.000 menores migrantes no acompañados, los llamados MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). La mayoría en Gran Canaria y Tenerife. Están alojados en centros gestionados por ONG — unos funcionan, otros no.
Hecho 2: La Fiscalía Superior de Canarias ha hecho público en 2025 y 2026 varias veces que hay «un aumento de la criminalidad tras la llegada de los menores no acompañados». Pero — así literalmente las fiscales ante una delegación del Parlamento Europeo en septiembre de 2025: «los delitos se cometen principalmente contra ellos».
Las dos fiscales, María Farnés Martínez (Canarias) y Teresa Gisbert (Tribunal Supremo), admitieron que algunos menores cometen delitos — pero la mayoría son víctimas: de explotación sexual, explotación laboral, peleas e insultos que se producen frecuentemente dentro de los propios centros de acogida.
Hecho 3: En mayo de 2025 el Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas cerró el centro La Fortaleza I en Gran Canaria, gestionado por la ONG Quórum 77, y ordenó la detención de nueve trabajadores. Acusación: lesiones, delitos de odio, amenazas, vulneración de la integridad moral de los menores atendidos. En total, cuatro centros en Gran Canaria fueron clausurados por acusaciones similares. En octubre de 2025 además se imputó a la Fundación Siglo XXI por presunto blanqueo de 2,5 millones de euros de fondos europeos destinados a centros de menores.
Hecho 4: En Gran Canaria hay iniciativas vecinales documentadas que han atacado o perseguido agresivamente a migrantes. En diciembre de 2020 la Cruz Roja tuvo que pedir a los 6.000 migrantes alojados en hoteles del sur que no salieran tras concentrarse vecinos ante las puertas. Están documentados grupos de WhatsApp donde se exhibían machetes y se anunciaban «cacerías» contra marroquíes.
¿Qué es verdad, entonces? La cuestión es más compleja de lo que ambos extremos del debate sostienen. Hay criminalidad cometida por menores — sobre todo pequeños delitos, cuando se escapan de centros mal gestionados y quedan a la intemperie. Hay criminalidad masiva contra ellos — dentro de los centros, por parte de gestores, por explotadores fuera. Y existe el relato que la derecha política ha conseguido instalar: los MENA son la causa del descenso de la seguridad. Ese relato, medido por los datos de la propia Fiscalía, no se sostiene — al menos no en su forma simple.
¿Cuáles son los verdaderos factores?
Quien lee las estadísticas de criminalidad en todo el archipiélago ve varios factores que operan juntos, y que a menudo no encajan en el relato político:
Narcotráfico. Canarias está sobre la ruta atlántica entre África y Europa. El tráfico de drogas alcanzó en 2025 un récord nacional de 22.731 casos. La Fiscalía aclara que esto refleja en parte más actividad policial — pero la tendencia es real. Las Palmas se convirtió en 2024 en la provincia con mayor concentración de casos de narcotráfico de todo el archipiélago.
Polarización económica. El sur de Gran Canaria es uno de los lugares más ricos de la isla — y uno de los más pobres a la vez. Quien trabaja en los hoteles muchas veces no gana lo suficiente para vivir en Playa del Inglés. Quien vive en los viejos bloques de Vecindario ve pasar la ola del dinero turístico sin rozarle. La literatura criminológica — también los estudios del propio Ministerio del Interior — cita la desigualdad de ingresos como uno de los predictores más fuertes de la pequeña delincuencia.
Decadencia de los centros comerciales. Donde los espacios quedan vacíos, entran el narcotráfico y la pequeña delincuencia. Vale para Playa del Inglés igual que para el Sureste. El estado de los centros — Metro, Plaza, La Sandía, Gran Chaparral — no es un detalle menor. Es una de las causas.
Migración — pero en forma diferenciada. No es la presencia de migrantes el problema, sino lo que pasa con ellos cuando están aquí. Cuando quedan guardados en centros que no funcionan. Cuando a los 18 años se les deja en la calle, sin papeles, sin oficio, sin red. Cuando caen víctimas de explotadores porque nadie los protege. Entonces surge — no de forma automática, pero estadísticamente predecible — más criminalidad: tanto cometida como sufrida.
Crecimiento de población y movilidad. Canarias vive desde hace años un crecimiento demográfico, reforzado por la llegada de peninsulares, otros europeos y migrantes. Más personas sobre la misma superficie significan más oportunidades delictivas — también es un efecto conocido internacionalmente.
Lo que no pasa: un debate serio
Lo que en Canarias no pasa es una conversación honesta sobre todos estos factores a la vez. En su lugar hay dos bandos.
Un bando — Vox claramente, PP y partes de CC ahora también — reduce la inseguridad a la migración y exige deportaciones más duras, más vigilancia, más controles. El otro bando — PSOE, partes del Gobierno de Clavijo, muchas ONG — rechaza el vínculo por completo y subraya el papel de víctima de los migrantes.
Ambos tienen parcialmente razón. Ambos ignoran parcialmente los datos. Y sobre todo: ambos desvían la atención del problema real — que la administración canaria lleva años invirtiendo demasiado poco en:
- policía de patrullaje en el Sureste y en las zonas turísticas del sur
- centros de acogida que funcionen para los menores
- integración para los de 18 años que salen del sistema
- rehabilitación de los centros comerciales deteriorados
- trabajo social en los barrios pobres de Las Palmas y Vecindario
La seguridad es cara. No se consigue con declaraciones en rueda de prensa, sino con personal, estructuras y planificación a largo plazo. Precisamente eso falta.
¿Qué significa esto para los lectores de CITA News?
Quien vive, trabaja o pasa sus vacaciones en Gran Canaria debería conocer los números — sin caer en el pánico:
- La isla sigue siendo, en comparación española, más segura que muchas regiones peninsulares. La tasa de criminalidad está «en la banda más baja de la serie histórica», dice el Ministerio del Interior para España en conjunto.
- La tendencia de los últimos dos años apunta hacia arriba, sin embargo, y más rápido que la media nacional.
- Especialmente afectados: Sureste (Ingenio, Agüimes, Santa Lucía), zonas turísticas con centros comerciales en ruinas, delitos violentos en la capital.
- Menos afectados: barrios residenciales de Las Palmas como Tafira o Mesa y López, la costa norte, los pueblos pequeños del interior.
- Las precauciones habituales siguen funcionando: no dejar objetos de valor a la vista, no atravesar de noche centros comerciales abandonados, citas de aplicaciones de contacto en lugares públicos, en caso de atraco no hacer de héroe.
La pregunta que nadie hace
La pregunta que en el debate canario casi nunca se formula es la más sencilla: si la criminalidad en el Sureste sube desde 2024, la Fiscalía ya advirtió en 2024, la Fiscalía Superior escribió en 2025 una Memoria completa sobre ello — ¿por qué no ha reaccionado la política desde hace tiempo? ¿Por qué no patrulla más policía en Vecindario? ¿Por qué no hay una task force para los centros comerciales en ruinas? ¿Por qué no se reforman los centros de menores con problemas conocidos antes de que un juez los cierre?
La respuesta es la misma que en muchos temas canarios: porque a nadie le duele políticamente no actuar. Los vecinos del Sureste votan tradicionalmente más bien al PSOE y a CC, ambos partidos de gobierno. Los turistas no votan. Los comerciantes que son asaltados diez veces en diez años son demasiado pocos para decidir unas elecciones.
Por eso escribimos sobre ello. Porque alguien debe hacerlo.