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Dónde: Parcela 216 en la Avenida del Mar — esqueleto hotelero inacabado entre los complejos turísticos y las zonas residenciales
Quién vive allí: Decenas de okupas; según el portavoz de la oposición Jonás Álvarez (Primero Teguise) las cifras han pasado en seis meses de «pequeños grupos de jóvenes» a «decenas de personas»
Problemas: Hurtos, agresiones a transeúntes, consumo de drogas, problemas de salubridad
Propiedad: Lleva años esperando autorización urbanística para un proyecto hotelero de unas 500 camas
Situación política: La teniente de alcalde Olivia Duque (CC) confirma la situación de seguridad, pero apela al «margen de acción limitado» del Consistorio
Lo que cuentan los vecinos
Justo enfrente: zonas residenciales, comercios, una parada de guagua utilizada cada día por trabajadores y estudiantes. Las quejas son concretas, no abstractas: hurtos en los locales, increpaciones en plena calle, consumo de drogas a la vista. Lo que más enfada a los vecinos: la sensación de que nadie se hace cargo de ellos.
«No es solo cuestión de hurtos y robos», dice Álvarez. «Es una verdadera sensación de inseguridad en la avenida, porque los vecinos se ven increpados y violentados por actitudes de las personas que ocupan la parcela hotelera.»
La teniente de alcalde Olivia Duque, de Coalición Canaria, confirma la situación. Pero también remite al «margen de acción limitado» del Consistorio: el desalojo lo tiene que ordenar un juez, el proceso tarda con frecuencia años y el Ayuntamiento no tiene competencia ejecutiva sobre suelo privado.
El verdadero cuello de botella: suelo privado, manos vacías
Aquí está el dilema político. La parcela 216 es suelo privado. El propietario lleva años esperando una licencia — planificación turística, procedimiento ZAR («Zona Apta para la Renovación»), condiciones medioambientales. Mientras el trámite se alarga, el propietario sigue siendo propietario, pero económicamente está atado de pies y manos. No puede explotar la parcela y no tiene incentivos para financiar las medidas de seguridad necesarias (vallado, iluminación, vigilancia) — sería inversión sin retorno.
Primero Teguise pide por eso lo evidente: sanciones contra el propietario. Quien deja un solar inseguro en medio de una zona habitada debería responder por ello — vallado, limpieza y, llegado el caso, desalojo a su costa.
El problema está en la lógica del procedimiento. La okupación en España ha generado en los últimos años un terreno jurídico extraordinariamente complejo. Una vez que los okupas llevan más de 48 horas en un edificio, son considerados «moradores» y no pueden ser desalojados sin orden judicial. El desalojo en sí puede tardar uno o dos años — a veces más. Y en abril de 2025 un caso en Costa Teguise saltó a la actualidad cuando un tribunal contempló la posibilidad de indemnizar a los okupas por vulneración de derechos fundamentales. La entonces teniente de alcalde Rita Hernández lo calificó de «echarse a llorar».
Por qué no es solo Costa Teguise
El patrón de la parcela 216 no es único en Canarias. Miles de esqueletos — del estallido inmobiliario de 2008, de proyectos turísticos paralizados, de procedimientos ZAR — están repartidos por las islas. En Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote. Donde los esqueletos están dentro o junto a zonas residenciales, surgen los mismos conflictos: okupaciones, hurtos, agresiones, protesta vecinal, ayuntamientos impotentes.
Lo nuevo del viernes en Costa Teguise: los vecinos se han organizado. Más de 100 personas acudieron a la concentración en Playa Roca — vecinos, comerciantes, arrendadores. Convocaba un colectivo vecinal vía nota de prensa. La exigencia: una solución definitiva, no promesas.
Cómo sería esa «solución definitiva» es, sin embargo, otra cuestión:
- Un desalojo más rápido exigiría acelerar los procedimientos jurídicos — competencia del Parlamento español.
- Las sanciones al propietario requerirían una ordenanza municipal exigible — competencia del Cabildo y del Ayuntamiento.
- Un desalojo inmediato con alojamiento alternativo para los afectados exigiría alternativas habitacionales que no existen en Lanzarote a la escala necesaria.
Hasta entonces, la parcela 216 sigue siendo lo que es: un trozo de hormigón que nadie quiere, donde nadie debería vivir, y que nadie controla realmente.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la parcela 216?
Una parcela hotelera inacabada en la Avenida del Mar de Costa Teguise, Lanzarote. Hace más de diez años se inició allí un complejo hotelero de unas 500 camas, nunca terminado. El propietario lleva desde entonces a la espera de la licencia urbanística definitiva.
¿Cuántos okupas viven allí?
Según el portavoz de la oposición Jonás Álvarez (Primero Teguise), son hoy decenas de personas viviendo en estructuras improvisadas entre los pilares. Hace seis meses eran «pequeños grupos de jóvenes».
¿Cuáles son las quejas concretas de los vecinos?
Hurtos en los comercios de la zona, increpaciones a transeúntes, consumo de drogas a la vista, problemas de salubridad. Los vecinos describen una sensación de seguridad claramente menor en la avenida.
¿Por qué no interviene el Ayuntamiento?
La parcela 216 es suelo privado. El desalojo lo tiene que ordenar un juez. La okupación en España ha ganado complejidad jurídica en los últimos años: un morador establecido no puede ser sacado sin procedimiento, que suele durar de uno a dos años.
¿Quién es el propietario de la parcela 216?
Una empresa privada que proyecta un complejo hotelero de unas 500 camas y lleva años a la espera de los permisos urbanísticos necesarios. Primero Teguise pide sancionar al propietario por no haber asegurado el solar.
¿Hay casos similares en Canarias?
Sí. Los esqueletos inmobiliarios de la crisis de 2008 o de proyectos turísticos paralizados están en todas las islas. Donde se encuentran dentro o junto a zonas residenciales, se reproducen los mismos conflictos entre vecinos, propietarios y ayuntamientos.