"Aquí se llevaron los ordenadores de la oficina. Nos quitaron el acceso a las cuentas. En fin, todo ha sido un desmadre."
Estas son las palabras de William Enrique — no las de un crítico, no las de un adversario político. Las del propio presidente. Del hombre que un mes antes había sido elegido con la promesa de poner orden.
Un mes después — y nada ha sido entregado
El 7 de marzo de 2026, la Junta General del Centro Comercial Cita eligió a William Enrique como nuevo presidente. Un mes después, según la información disponible, no se había completado ningún proceso formal de traspaso.
Las cerraduras de las instalaciones — hasta hace pocos días no habían sido cambiadas; si lo han sido a la fecha de publicación de este artículo, no consta documentación al respecto.
Las cuentas bancarias — según el último estado conocido, no eran accesibles para William Enrique. Más de un millón de euros no era localizable. El antiguo administrador mantuvo, hasta finales de marzo, el control fáctico de la gestión.
El 6 de abril de 2026, el Secretario en funciones — cargo provisional de la Junta hasta la próxima Asamblea General, responsable de actas y documentación — presentó su dimisión. La razón: era imposible ejercer el cargo en las condiciones existentes.
Y el contexto no es menor: el Centro Comercial Cita no es una pequeña urbanización residencial. Es un centro comercial en pleno Playa del Inglés, en el corazón de la zona turística de Maspalomas, con propietarios residentes en varios países europeos y con obligaciones legales y financieras que no admiten vacíos de gestión.
El robo — el ordenador desaparece, la denuncia brilla por su ausencia
El 31 de marzo de 2026, William Enrique informó del presunto robo del ordenador de la oficina. No se trata de una pérdida ordinaria: en esos dispositivos se encontraban, presumiblemente, hasta 30 años de gestión auditables — contratos, actas, datos financieros, registros de propietarios.
Lo que faltaba a 31 de marzo era la denuncia policial. Casi cuatro semanas después del cambio de poder, no constaba ninguna denuncia ante las autoridades competentes. Tampoco se había enviado burofax al antiguo administrador exigiendo la devolución de la documentación o el equipamiento.
Estas circunstancias corresponden al estado de la información disponible a 31 de marzo de 2026.
Las cuentas — bloqueadas, un millón inencontrable
En su comunicación escrita del 31 de marzo, William Enrique describió la situación financiera de la comunidad en los siguientes términos:
„Hay un número de un millón y pico de euros del que Enrique dice que no sabe nada. Pero en efectivo, desde luego no está. Nadie puede explicarlo."
A 31 de marzo, el propio presidente no sabía dónde estaba el dinero. Nadie podía explicarlo.
Casi cuatro semanas después del traspaso, la nueva dirección no tenía acceso a las finanzas de la comunidad.
Esto no es solo una irregularidad operativa: la Ley de Propiedad Horizontal establece obligaciones precisas en materia de transparencia contable y acceso de los órganos de gobierno a la información financiera. El incumplimiento de estas obligaciones en el proceso de traspaso constituye, al menos, una circunstancia que, según los estándares aplicables, resultaría difícilmente justificable.
Lo que prescribe el Colegio de Administradores — y lo que no ocurrió en el C.C. Cita
Los estándares profesionales del sector establecen con claridad qué debe ocurrir en un proceso de traspaso de administración:
- La documentación operativa debe ser entregada en un plazo de 10 días.
- El cierre contable debe completarse en un plazo de 45 días.
- El cambio de firma bancaria debe ejecutarse de forma inmediata.
- El envío de burofax al anterior administrador constituye el estándar mínimo para formalizar la rescisión del encargo.
Nada de esto había ocurrido en el C.C. Cita hasta el 31 de marzo de 2026 — casi cuatro semanas después del cambio de poder. El Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas no fue contactado.
Aún en el poder — el antiguo administrador
El antiguo administrador, José Hernández Pérez, de la empresa Adhover, había visto rechazado el balance de 2025 en la Junta General del 7 de marzo de 2026. Sin embargo, hasta finales de marzo, Adhover seguía siendo de facto el responsable de la gestión del centro comercial.
No se le remitió burofax. No se le envió carta de cese. No se formalizó documentalmente la terminación de su mandato.
En ausencia de estos pasos, la situación jurídica del traspaso permaneció, según la información disponible, en un estado de indefinición que generaba una situación de ventaja para la parte saliente.
El acta con errores graves — un rechazo registrado como aprobación
El 25 de marzo de 2026, Adhover redactó el borrador del acta de la Junta General del 7 de marzo. Según la información disponible en CITA News, dicho borrador contiene al menos cuatro errores de entidad:
ERROR 1. Resultado de la votación reflejado incorrectamente. Según el borrador del acta, las cuentas anuales de 2025 fueron «aprobadas por mayoría». Según la información disponible en CITA News, esto es incorrecto: las cuentas fueron rechazadas.
ERROR 2. Gastos del antiguo presidente omitidos. No figuran en el acta: gastos de representación del expresidente por valor de 14.400 euros, ni el doble pago al administrador — 10.200 euros por la auditoría de sus propias cuentas y otros 11.466 euros por servicios de administración.
ERROR 3. Acuerdo sin constancia de deliberación. El acta recoge una «resolución unánime» para la concesión de un poder notarial electrónico. El Secretario no tiene constancia de debate ni votación al respecto. Explicación posterior: «medida de seguridad preventiva».
ERROR 4. Ausencia de coeficientes de propiedad. Los resultados de las votaciones con coeficientes de propiedad solo se consignaron para la elección a la presidencia, no para los demás puntos del orden del día — siendo esto un requisito legal.
Un acta que registra un rechazo como aprobación no es un error formal menor. Es la base de todos los pasos jurídicos posteriores. Un acta incorrecta compromete la validez jurídica de todos los acuerdos posteriores.
Significativo: la propia abogada Eugenia Talavera Plata confirmó por escrito los errores del acta. El borrador procedía de la antigua administración, indicó, y no podía «modificarse directamente» — pero reconoció: «Coincidimos en que es un punto clave» — que el resultado de la votación sobre las cuentas debía quedar correctamente reflejado.
Y añadió que querían «dar salida al acta» cuanto antes para convocar la próxima reunión. Utilizar como base para nuevos acuerdos un acta que, según reconocimiento propio, presenta imprecisiones es una decisión consciente, documentada por escrito.
El papel de Eugenia Talavera Plata — y el conflicto de intereses
Desde el 7 de marzo, Eugenia Talavera Plata asumió de facto la dirección del proceso de traspaso, sin que ningún órgano de la comunidad lo hubiera acordado. Talavera Plata es abogada externa, contratada por el presidente, sin función formal elegida en la Junta.
El 13 de marzo comunicó al Secretario en una conversación personal su intención de presentarse como Administradora en la próxima Junta General — es decir, asumir de forma remunerada el cargo cuyas funciones ya estaba ejerciendo. Esta circunstancia no ha sido desmentida por Talavera Plata hasta el cierre de esta edición.
La Ley de Propiedad Horizontal y los Estatutos de la comunidad establecen con claridad cómo debe desarrollarse un proceso de traspaso y qué órganos son competentes. La concentración de todas las tareas de traspaso en una sola persona externa, sin obligación de rendir cuentas ante los órganos elegidos, no se ajusta a ese marco.
54 preguntas, ninguna respuesta
Poco después se presentó ante Eugenia Talavera Plata una solicitud formal de rendición de cuentas. 54 preguntas. 13 categorías. El ordenador robado, las cuentas bloqueadas, el millón desaparecido, los contactos con la antigua administración, los contratos en vigor, las obligaciones con el personal, los seguros, las obligaciones fiscales, la firma electrónica, el acta — y si la Junta General Extraordinaria convocada para el 18 de abril de 2026 tiene una base formalmente correcta.
Plazo: 3 de abril de 2026. El 3 de abril llegó. Y pasó. Sin respuesta escrita. 54 preguntas. Ninguna respondida.
La dimisión
El 6 de abril de 2026, el Secretario presentó su dimisión. La razón era objetiva: sin catastro de propietarios actualizado, sin libro de actas accesible, sin comunicación interna operativa, sin respuesta a las solicitudes formales presentadas conforme al artículo 38 de los Estatutos, el cargo era fácticamente imposible de ejercer.
La dimisión es el reconocimiento de un proceso de traspaso fallido. No es el final — es un dato más en una documentación que continúa.
La convocatoria — y lo que permite
El 6 de abril de 2026 — el mismo día en que el Secretario presentó su dimisión — William Enrique Reyes firmó la convocatoria oficial de la Junta General Extraordinaria del 18 de abril. Doce días de antelación.
La ley lo permite. La Ley de Propiedad Horizontal no establece un plazo mínimo para las juntas extraordinarias — solo que la citación se realice con la antelación que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados. Si doce días son suficientes para una comunidad de composición internacional es una pregunta que la convocatoria no plantea. Si y cómo la convocatoria llegó efectivamente a los propietarios que residen de forma permanente fuera de España no consta documentado. La LPH establece la notificación al domicilio designado en España; en su ausencia, el tablón de anuncios del inmueble constituye notificación legalmente válida.
A ello se suma la estructura de la propia convocatoria: primera convocatoria a las 9:30 horas, segunda convocatoria a las 10:00 horas — treinta minutos después, en el mismo lugar, el mismo día. La segunda convocatoria no requiere quórum. Es válida con los asistentes presentes, sea cual sea su número o el porcentaje de cuotas que representen.
Punto 3 del orden del día: nombramiento de nuevo Administrador/Secretario.
Lo que está en juego
- Un ordenador presuntamente sustraído — y sin denuncia policial a fecha de la presente información.
- Cuentas bancarias que, según el último estado conocido, estaban bloqueadas — sin traspaso formal.
- Más de un millón de euros cuyo paradero nadie puede explicar — ni siquiera el propio presidente.
- Un acta con errores documentados — que sin embargo se pretende usar como base para la próxima Junta.
- Una abogada externa que, designada por el presidente sin consulta al resto de la Junta, concentró en sus manos la totalidad de un proceso de traspaso de una complejidad extraordinaria.
- La dimisión del órgano de gobierno encargado de la documentación — por imposibilidad fáctica de ejercer el cargo en las condiciones existentes.
- Y una Junta General Extraordinaria convocada para el 18 de abril de 2026 — con decisiones de largo alcance sobre la futura administración.
El Cabildo de Gran Canaria y las autoridades competentes no han desempeñado hasta ahora ningún papel público en este asunto. El Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas no fue contactado.
Para los propietarios del Centro Comercial Cita — ya sean residentes en la isla o propietarios en el extranjero —, lo que está en juego no es una disputa administrativa interna. Es la seguridad jurídica de sus inversiones, la transparencia en la gestión de fondos comunes y la garantía de que los órganos elegidos por ellos puedan ejercer efectivamente sus funciones.
Mientras el proceso de traspaso permanezca sin cerrar y las preguntas fundamentales sobre las finanzas de la comunidad sigan sin respuesta, ninguno de estos elementos puede darse por garantizado.
DOCUMENTOS DE ESTA INFORMACIÓN
→ Plan de Transición — C.C. Cita, marzo 2026 (PDF) (CITA)
→ Análisis: Empresa de AdF vs. Administrador individual (PDF) (CITA)
→ Solicitud formal de rendición de cuentas — 54 preguntas (PDF) (CITA)
Nota: En los documentos originales, Eugenia Talavera Plata figura erróneamente bajo el nombre de Eugenia Pedro.
Cronología
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 7 marzo 2026 | Junta General del C.C. Cita. William Enrique elegido presidente. Balance 2025 rechazado. Matthias Camenzind asume funciones de Secretario en funciones. |
| 8 marzo 2026 | La nueva Junta envía a Eugenia Talavera Plata el Plan de Transición (primeras 72 horas) y el análisis comparativo sobre modelos de administración. Respuesta: «Ok perfecto.» |
| 13 marzo 2026 | Eugenia Talavera Plata comunica en conversación personal con el Secretario en funciones su intención de presentarse como Administradora (manifestación oral; no desmentida por Pedro hasta el cierre de esta edición). |
| 25 marzo 2026 | Adhover redacta el borrador del acta de la Junta del 7 de marzo. El borrador contiene, al menos, cuatro errores documentados. |
| 31 marzo 2026 | William Enrique informa del presunto robo del ordenador de la oficina y del bloqueo de cuentas. A esa fecha: sin denuncia policial, sin burofax al antiguo administrador, sin acceso a las finanzas. |
| 3 abril 2026 | Vencimiento del plazo de respuesta a las 54 preguntas de la solicitud formal de rendición de cuentas. No se recibió respuesta escrita. |
| 6 abril 2026 | Dimisión del Secretario en funciones. Motivo: imposibilidad fáctica de ejercer el cargo. |
| 6 abril 2026 | William Enrique Reyes firma la convocatoria oficial de la Junta General Extraordinaria para el 18 de abril. |
| 8 abril 2026 | Publicación de este artículo por CITA News. |
| 18 abril 2026 | Junta General Extraordinaria. Punto 3 del orden del día: renuncia del Secretario en funciones y nombramiento de nuevo Administrador/Secretario. |
Corrección (11 de abril de 2026): En una versión anterior de este artículo se hacía referencia erróneamente a Eugenia Talavera Plata como «Eugenia Pedro». El nombre ha sido corregido. Los documentos originales enlazados siguen conteniendo el nombre erróneo. Pedimos disculpas por el error.
Nota editorial: Matthias Camenzind es editor y director de CITA News. Él mismo no es propietario en el Centro Comercial Cita: representa a un propietario en la Comunidad de Propietarios. En esa condición fue nombrado secretario en funciones de la junta de gobierno recién elegida el 7 de marzo de 2026 y ejerció el cargo hasta el 6 de abril de 2026, siendo por tanto testigo directo de los hechos descritos en este artículo. CITA News declara abiertamente este conflicto de interés. Todas las afirmaciones de hecho contenidas en este artículo se basan en documentos escritos que obran en poder de la redacción y pueden ser facilitados a petición. CITA News ofreció a William Enrique y a Eugenia Talavera Plata, por escrito y con plazo, la posibilidad de pronunciarse antes de la publicación. No se recibió respuesta escrita antes del cierre de redacción.
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