¿Qué cambia ahora para visitantes y residentes?

El congreso del 20 de noviembre no ha cambiado ninguna norma, plazo ni precio para residentes y visitantes. El informe sobre el acto no menciona ninguna medida de una administración.

Lo organizó la Fundación Fundec, no un organismo público ni un gobierno. El encuentro, con once ponencias y seminarios, se celebró en la Universidad de La Laguna (ULL) y no aprobó nada.

El informe no dice una palabra sobre turistas, hoteles ni zonas turísticas. Según el texto, quien viaja a Tenerife o vive allí no tiene que hacer nada.

Zelaya citó obstáculos que ya existen para los migrantes, como las trabas para el empadronamiento (inscripción en el padrón municipal) y para acceder a vivienda y trabajo. Es su descripción de la situación actual, no una norma nueva.

¿Quién lanzó la advertencia y qué dijo?

Silvia Zelaya, doctora en Antropología y docente, abrió el congreso con una advertencia. «Los discursos de odio ya no están en los márgenes», dijo: están en los parlamentos, las redes, las conversaciones cotidianas y entre el alumnado.

La frase de Zelaya sobre los parlamentos es una valoración, no una medición. El informe no la respalda con ninguna cifra.

Ese día se reunieron colectivos sociales, activistas antirracistas, investigadores y representantes de instituciones. Era la primera edición de este encuentro.

Sobre El Hierro, Zelaya advirtió de que la falta de acogida por parte de las autoridades puede derivar en odio hacia quienes llegan. Pidió que el enfado se dirija contra quienes toman las decisiones.

¿Qué reclamaciones se plantearon?

El objetivo declarado del congreso era una Agenda Antirracista común para Canarias. El informe dice que el acto quiere sentar las bases, pero no indica quién la impulsará.

Zelaya pide dejar de hablar de crisis y de emergencia al referirse a la migración. Según ella, la crisis la crean unas políticas migratorias muy restrictivas y unos requisitos casi imposibles de cumplir.

Larisa Pérez, doctora en Filosofía e investigadora, pidió contenidos universitarios sobre los vínculos históricos de las islas con África. El escritor Helios F. Garcés llamó a romper el tabú sobre la raza en España.

Denise Biong, moderadora de la mesa infantil del Día Universal de la Infancia, reclamó regularización desde la llegada y protocolos contra el acoso escolar que tengan en cuenta el componente racista. Ibrahima Sow, uno de los dos jóvenes ponentes sobre los centros de menores migrantes, dijo: «Un centro normalmente no es un lugar de protección».

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre el odio en Canarias?

El Ministerio del Interior contó en 2024 en Canarias 3,50 delitos de odio e incidentes por cada 100.000 habitantes, frente a 3,81 en 2023. Es la sexta tasa más baja entre las regiones españolas.

En el mismo informe tuvieron una tasa menor Extremadura (2,09), Andalucía (2,59), Galicia (2,85), Castilla-La Mancha (3,00) y Murcia (3,05). Las más altas fueron las de Navarra (14,00), País Vasco (10,80), Ceuta (8,41) y Melilla (8,16).

En toda España el ministerio registró 1.955 casos en 2024, un 13,8 % menos que en 2023. El racismo y la xenofobia supusieron el 43,73 %, y la orientación sexual y la identidad de género, el 27,57 %.

En Canarias encabezan la lista los mismos tres motivos: racismo y xenofobia, después orientación sexual y género, y por último discriminación por razón de sexo. No hay cifras confirmadas para 2025 ni para Tenerife por separado.

El Observatorio OBERAXE, organismo estatal del Ministerio de Inclusión, analizó 416 contenidos de odio en un boletín de julio de 2024. Las plataformas retiraron el 24 %: el 79 % en TikTok, el 26 % en YouTube y el 6 % en Facebook.

¿Qué aprobó el Parlamento de Canarias al respecto?

El 26 de junio de 2024 el Parlamento de Canarias aprobó una iniciativa del PSOE, defendida por Elena Máñez. Todos los grupos salvo Vox votaron a favor, aunque las fuentes no dan el recuento de votos.

Es una proposición no de ley, es decir, no vinculante. Pide un pacto canario contra los discursos de odio, enlazado con otro de ámbito estatal.

También reclama programas escolares, campañas de concienciación y un estudio anual sobre las consecuencias para personas LGTBI, migrantes y minorías. Añade formación para funcionarios, Policía Canaria, policías locales y personal sanitario, además de aprobar y financiar el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural.

¿Qué queda abierto y qué pasa a partir de ahora?

La investigación no halló una estrategia formal del Gobierno de Canarias contra los discursos de odio, ni cifras de presupuesto. La persecución penal corresponde a la Fiscalía y a los tribunales, y la incitación al odio entra en el Código Penal.

No se conoce ninguna cita de seguimiento del congreso. Tampoco se ha comunicado si la universidad, el Gobierno canario u otro organismo apoyará la Agenda Antirracista.

El informe tampoco da el número de asistentes. La fecha del 20 de noviembre sale de que el informe del 21 de noviembre habla del día anterior.