En Pájara, Fuerteventura, se reunió a comienzos de febrero de 2026 un grupo poco habitual.
Alcaldes de cuatro municipios, representantes de la Guardia Civil, de la Policía Local y de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo, junto a la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, y el consejero insular de Medio Ambiente.
El asunto: cómo responder a la oleada de contenedores, caravanas, casas prefabricadas y estructuras improvisadas que se extienden por los suelos rústicos de la isla. Ortega fue breve y rotunda: "Primero se avisa, y a la siguiente se sanciona." El encuentro está documentado por Fuerteventura Digital en febrero de 2026 (Fuerteventura Digital).
Las cifras le dan la razón. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural — el organismo que en todo el archipiélago persigue las infracciones contra la Ley del Suelo — incoó en 2025 un total de 1.419 expedientes por construcciones ilegales y usos no autorizados del suelo.
Es el máximo registrado en más de dos décadas.
Solo el Cabildo de Lanzarote tramitó 115 expedientes con foco en Haría, Teguise y Tinajo (Lanzarote Ahora), según comunicó el Cabildo en enero de 2026.
Una nueva generación de obras ilegales
Lo que ve hoy la Agencia ya no es la clásica obra ilegal de hormigón de los años 2000. Ortega describe otra realidad: contenedores prefabricados, módulos habitacionales, "cuartos de aperos" reconvertidos a uso residencial, parcelaciones ilegales de suelo rústico protegido y alquileres turísticos en espacios nunca autorizados como vacacional.
En una entrevista de verano de 2025 en Canarias7, afirmó que muchas personas actúan "sin conocer las consecuencias administrativas, penales y civiles que pueden tener esas actuaciones".
Un motor central es el alquiler vacacional en suelo rústico. Quien ofrece en su finca rural una casa rural sin la recalificación correspondiente se arriesga a un expediente.
La horquilla sancionadora va de 6.000 a 600.000 euros según la gravedad — en supuestos muy graves hasta 300.000 euros de multa más obligación de demolición, según ha aclarado expresamente el Gobierno de Canarias en 2025 (ACAPMN).
Solo por contenedores y módulos, la Agencia abrió en un único periodo de informe de 2025 cuarenta y cuatro expedientes — 17 en Fuerteventura, 16 en Tenerife, 5 en Lanzarote, 4 en Gran Canaria.
Por qué precisamente ahora
Tres dinámicas se cruzan. La crisis de vivienda empuja a soluciones informales — el contenedor en el terreno familiar, el módulo en la finca de la suegra. La demanda turística convierte cada metro libre en algo potencialmente rentable como vacacional, retiro de yoga o escuela de surf.
Y las islas son pequeñas — lo que hace diez años pasaba desapercibido en un barranco apartado, hoy lo ven los drones, las imágenes de satélite y los vecinos con teléfono móvil.
Ortega misma comentó en una conversación con El Espejo Canario que la oleada se inició tras la pandemia — en sectores en los que las infracciones llevaban años en descenso. Hoy el fenómeno alcanza a las administraciones insulares.
Lo que compradores y propietarios deben revisar ya
Quien adquiere en Canarias un inmueble existente — una finca, una casa de piedra rehabilitada, una casa rural — debe verificar el estado de licencia de cada construcción anexa.
Una ampliación con terraza, una piscina, una vivienda de invitados en el módulo lateral pueden estar todas sin licencia. La responsabilidad pasa con la propiedad. Quien compra, compra también el expediente.
Quien planea un alquiler vacacional debe comprobar la licencia en el registro oficial del Cabildo. Un cartel "Casa Rural" no dice nada. El número de licencia lo dice todo.
Y quien juega con la idea de empezar "con un contenedor en el propio terreno" debería conocer la frase del consejero Manuel Miranda: la tipología del edificio — módulo, contenedor, construcción de madera — no modifica la condición del suelo. En suelo rústico rigen las mismas reglas que para una obra de fábrica.
Lo que podría traer la reforma 2026
La reforma de la Ley del Suelo está desde finales de 2025 en el Parlamento. El proyecto contempla cierta flexibilización para determinados usos agrícolas complementarios y, simultáneamente, un endurecimiento de las sanciones para infracciones intencionadas. Hasta su aprobación rige el marco anterior. Quien construye o compra debe saberlo.
En Fuerteventura corre desde febrero, en paralelo, una campaña informativa de Cabildo, policía y Agencia. En una primera fase se invita a la retirada voluntaria de los contenedores. Quien no reacciona, recibe el expediente.
La densidad de expedientes seguirá creciendo — la Agencia refuerza personal, la vigilancia con drones se amplía y la policía colabora más estrechamente con la Agencia. Quien crea que su contenedor en el barranco no se nota, se equivoca.