C.C. Cita: Por qué se agudiza el conflicto con la nueva presidencia

Ocho semanas en lugar de diez días

Una pregunta se impone antes de escuchar la grabación: ¿por qué este acta llegó a los propietarios solo el 29 de abril — cincuenta y tres días después de la asamblea? El artículo 19.3 de la Ley de Propiedad Horizontal (BOE) dispone que el acta se cierre «al término de la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes». En este caso transcurrió más de cinco veces ese plazo.

Con cada semana que pasa entre la sesión y la firma, lo que los propietarios se llevan del salón — la memoria — se desvanece. Lo que quedó por escrito fue un borrador que tergiversó el resultado de la votación desde el inicio.

«Veintiséis en contra. No aprobadas.»

El segundo punto del orden del día de la asamblea ordinaria del 7 de marzo de 2026 era la aprobación del balance 2025. Tras una hora de debate se votó. El resultado lo proclamó en el salón la persona que actuaba como secretario de la sesión.

Su declaración, recogida en el segundo 141 de la grabación, dice textualmente:

«Entonces se entiende que las cuentas no se consideran aprobadas. Eh, no aprobadas, ya que hay veintiséis votos en contra, contra veintidós a favor y dos abstenciones, lo que supone un 12,77 por ciento a favor y un 18,91 por ciento en contra.» — Secretario en el salón, asamblea CC Cita, 7.3.2026

Una propietaria presente añadió, audible para todo el salón, la conclusión aritmética:

«Diecinueve por ciento en contra y doce a favor — diecinueve es más que doce, eso está claro.»

18,906 % > 12,77 %. Conforme al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, eso basta. El balance había sido rechazado.

Lo que dice el acta firmada: «aprobado por mayoría»

El acta oficial de esa misma asamblea llegó a los propietarios el 29 de abril de 2026 — ocho semanas después de la sesión. La redacción del punto 2 dice:

«El balance a 31.12.2025 queda aprobado por mayoría de presentes y representados.»

Dos fuentes independientes — el secretario en el salón y el abogado presente — confirman el mismo resultado. La redacción del punto 2, firmada por tres personas distintas, afirma lo contrario.

El borrador del 25 de marzo ya contenía el error

El 25 de marzo de 2026, José Hernández Pérez, administrador saliente, envió un primer borrador del acta. Los metadatos del PDF lo identifican como autor. Ese borrador ya contenía la fórmula «el balance a 31.12.2025 queda aprobado».

Ese mismo 25 de marzo, el secretario en funciones notificó el error por escrito. El 26 de marzo, un abogado presente en la asamblea confirmó por escrito el resultado real: 26 votos en contra, balance no aprobado.

Hernández Pérez no corrigió el documento. La versión final del acta es textualmente idéntica al borrador en lo relativo al punto 2.

Tres firmas, una ausencia

El acta lleva tres firmas: José Antonio Matos Pérez (presidente saliente), William Enrique Reyes (presidente entrante) y Jeswani (vicepresidente entrante). El artículo 19.3 LPH exige además la firma del secretario. La firma del secretario en funciones — nombrado en el propio documento — falta. La firma ausente priva al acta de uno de los dos requisitos formales del artículo 19.3 LPH. La impugnación conforme al artículo 18 LPH sigue siendo posible de manera independiente; el plazo ordinario vence el 7 de junio de 2026.

Qué significa esto para los acuerdos del 18 de abril

Seis semanas después de la asamblea del 7 de marzo, el 18 de abril de 2026, se celebró una junta extraordinaria de propietarios en la que se eligió una nueva presidencia (derechos de voto). Entre otros, se acordaron el presupuesto 2026, nuevas autorizaciones bancarias y un mandato de representación (acuerdos de la junta). Estos acuerdos se adoptaron sobre la premisa de que el balance 2025 estaba aprobado.

Si el audio de la sesión del 7 de marzo demuestra que esa aprobación nunca tuvo lugar, los acuerdos del 18 de abril carecen de su presupuesto aritmético. Un presupuesto 2026 presupone un balance 2025 aprobado. Una autorización bancaria que se construye sobre un balance del ejercicio anterior no aprobado descansa sobre el mismo terreno.

A esto se añade un segundo dato. El 18 de abril, el acta de la sesión del 7 de marzo aún no estaba firmada — la firma se produjo 10 días después, el 29 de abril de 2026. El 18 de abril se adoptaron, por tanto, acuerdos sobre la base de un balance cuya aprobación, en ese momento, no estaba formalmente establecida.

El artículo 18 LPH abre también para los acuerdos del 18 de abril un plazo propio de impugnación. Es de tres meses desde su adopción, esto es, hasta el 18 de julio de 2026. En caso de infracción de la ley o de los estatutos, el plazo se amplía a un año — hasta el 18 de abril de 2027.

Si los acuerdos del 18 de abril resisten o no es una pregunta que las propietarias y los propietarios pueden someter a examen. El acta de la sesión del 7 de marzo y la documentación sonora de la votación son el punto de partida.