¿Qué cambia para quienes buscan piso en las islas principales?

En Gran Canaria había 1.854 viviendas de alquiler a principios de octubre; unos 45 días después son unas 400 menos. En Tenerife la oferta bajó de 1.880 inmuebles en casi 300, según los datos del portal Idealista.

En total faltan unas 700 viviendas. La noticia habla de un descenso del 22 %, pero con las cifras citadas nuestro cálculo da en torno al 19 % para las dos islas juntas.

La noticia no ofrece cifras por municipios, tampoco para las zonas turísticas del sur de ambas islas. Cuánto se reduce allí la oferta sigue sin saberse.

La competencia por un piso libre ya es fuerte: en el tercer trimestre de 2026, cada anuncio canario sumó una media de 110 interesados en sus diez primeros días. Lo dice el Barómetro del Alquiler del Observatorio del Alquiler y la Fundación Alquiler Seguro, así que conviene escribir el mismo día y tener los papeles listos.

¿Por qué baja la oferta?

La noticia atribuye la caída al llamado «decreto Maricarmen» del Gobierno de España. No aporta pruebas, y no está acreditado si los inquilinos retiraron viviendas o si los propietarios pasaron a vender o al alquiler vacacional.

El nombre es político y periodístico, no jurídico. Según los medios, detrás hay dos reales decretos-leyes que el Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre de 2026.

Publicado en el BOE el 30 de septiembre, el Real Decreto-ley 26/2026 rigió solo del 1 al 2 de octubre; el Congreso no lo convalidó y quedó derogado. Habría ampliado hasta dos años, de forma extraordinaria, los alquileres de vivienda habitual cuya prórroga obligatoria acabe antes del 31 de diciembre de 2028.

La prórroga no habría sido automática: los inquilinos tenían que pedirla. Debían estar al corriente del alquiler y haber pagado cada mes en los ocho meses anteriores.

¿Qué derechos tienen los inquilinos tras los decretos?

El Real Decreto-ley 28/2026 salió en el BOE el 7 de octubre de 2026 (BOE-A-2026-20822) y cambia el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Se aplica desde el 15 de noviembre de 2026 también a los contratos vigentes cuya duración termine después.

Tras el mínimo de cinco años, o de siete si el arrendador es una persona jurídica, el contrato se prorroga solo por periodos de cinco años. El preaviso es de seis meses para el propietario y de dos para el inquilino.

Si el propietario no prorroga, debe pagar una indemnización de doce mensualidades. La norma fija cinco excepciones expresas, entre ellas el uso propio de la vivienda, y siguen siendo válidas las comunicaciones notificadas antes del 7 de octubre de 2026.

Según una estimación de Sumar, 108.252 contratos canarios podrían verse afectados por el primer decreto. Es una estimación, no el número de solicitudes presentadas.

¿Cuánto cuesta alquilar y qué pide el sector de la construcción?

El alquiler medio en Canarias fue de 1.211 euros en el tercer trimestre de 2026, según el Barómetro del Alquiler. Supone un 8,81 % más que a finales de 2025 y un 4,94 % más que en el trimestre anterior; la media nacional es de 1.214 euros.

En la provincia de Las Palmas, a la que pertenece Gran Canaria, el alquiler medio es de 1.183 euros, un 4,23 % más desde finales de 2025. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife son 1.240 euros, un 13,76 % más.

La oferta ya era escasa: en 2025 Canarias estaba un 40 % por debajo del nivel de 2021, según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El último descenso golpea a un mercado que ya estaba en mínimos.

Constructores y promotores piden más inversión pública, también para vivienda libre. Según la noticia, en Canarias se construyeron el último año unas 4.000 viviendas, los costes de producción subieron hasta un 40 % y la oferta debería triplicarse; la noticia no cita ninguna asociación.

¿Qué supone para quienes se mudan y para los turistas?

Quien se muda a las islas encuentra menos pisos. La demanda sigue igual de alta.

A los turistas no les afecta directamente esta evolución. La noticia se refiere a alquileres de larga duración, no a alojamientos vacacionales.

No se pudo acreditar la convalidación parlamentaria del segundo decreto. Según medios no contrastados, hay elecciones parlamentarias previstas el 29 de noviembre de 2026, que podrían cambiar el panorama.