Qué cambia el viernes
Hasta ahora regía la escalera del Real Decreto-ley 7/2019: cinco años de plazo mínimo, siete si el arrendador era una empresa, y después prórrogas tácitas anuales durante un máximo de tres años más. La exposición de motivos del nuevo decreto llama a ese vencimiento la verdadera esclusa de precios: cada no renovación permite fijar una renta nueva. Desde el viernes el automatismo es el inverso — cumplidos los cinco o siete años, el contrato se prorroga obligatoriamente por otro tanto salvo comunicación de una de las partes (art. 10.1 LAU).
Doce mensualidades — y cómo se calculan
La referencia no es la renta antigua, sino el precio de una vivienda parecida hoy, calculado «siempre que ello sea posible» con el sistema estatal SERPAVI. Debajo hay un segundo suelo: nunca menos de una mensualidad por año de residencia, prorrateado por meses y por días. Quien lleve catorce años tiene derecho a catorce. Dos puntos que suelen pasarse por alto: la venta no borra el derecho, pasa al comprador que se subroga; y no hay indemnización si en ese vencimiento el arrendatario reúne los requisitos de una prórroga legal de aceptación obligatoria.
Seis casos en los que no se paga nada
El art. 10.2 enumera seis excepciones, que deben constar en el preaviso «de forma expresa, detallada y por escrito». a) El arrendador es persona física y necesita la vivienda de forma permanente para sí, para familiares de segundo grado o, tras sentencia firme de separación, divorcio o nulidad, para su cónyuge; si en tres meses desde la entrega nadie la ocupa, sí se paga. b) El arrendatario no ha habitado la vivienda más de seis meses de los doce anteriores — salvo ausencia justificada por salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares, o si siguieron viviendo cónyuge e hijos (art. 7.1). c) El arrendatario dispone de otra vivienda apta en el mismo municipio. d) Se firma un contrato nuevo. e) El arrendatario rechaza una oferta fehaciente que garantice cinco o siete años y respete las reglas de renta del art. 17.6 LAU. f) Concurre vulnerabilidad acreditada del arrendador.
Dos decretos, dos días, un artículo
Lo insólito es la velocidad. El 30 de septiembre se publicó el RDL 26/2026 y el 1 de octubre el 27/2026 — ambos fechados el 29 de septiembre y aprobados, según la exposición de motivos del segundo, «en la misma sesión del Consejo de Ministros». El primero había dado nueva redacción al art. 10.1 LAU en su art. 3.Ocho: cuatro meses de preaviso y prórrogas anuales hasta un máximo de tres años. Esa redacción estuvo en vigor exactamente un día. No es, por tanto, un parche posterior, sino un doble paso previsto: el segundo decreto dice de sí mismo que «parte de esa redacción».
El enganche canario: ninguna zona tensionada
El decreto del día anterior nombra a las islas: «al menos seis municipios en las Islas Canarias con más plazas turísticas que habitantes residiendo en el propio municipio» — un recuento propio de esta redacción da siete. Pero dos de sus instrumentos no llegan aquí. El recargo del IBI del art. 72 de la ley de haciendas locales —hasta el 50 % de la cuota líquida, hasta el 100 % con dos y hasta el 150 % con cuatro o más viviendas de uso turístico— exige una zona declarada, y la prórroga del art. 10.6 LAU también. Las Palmas de Gran Canaria la solicitó en mayo de 2024 y de nuevo en noviembre de 2025; la alcaldesa Carolina Darias dijo entonces que los requisitos del Gobierno regional no le constaban a la ciudad — «no nos constan» (Canarias7, 11 de noviembre de 2025). El Gobierno canario exige, según el mismo diario, datos oficiales en lugar de portales inmobiliarios y planes por barrios. El 1 de octubre eldiario.es/canariasahora y La Gaceta de Canarias informaron de que la solicitud saldrá a información pública en octubre durante al menos veinte días; el consejero Pablo Rodríguez llama a la ciudad «tensionada, sin duda ninguna» (Atlántico Hoy, 1 de octubre de 2026). Sí rigen aquí de inmediato y sin declaración de zona el tope de 31 días de la cesión temporal de uso turístico (art. 5.e LAU) y las multas a plataformas de un millón de euros, ampliables hasta un máximo del 2 % del volumen de negocio global.