Siete años sin subida
Según la representación de los trabajadores, recogida por Canarias7 el 8 de septiembre, el salario de las cuadrillas de recogida del sureste no se ha movido en más de siete años. La renuncia fue voluntaria en 2020: aceptaron la congelación para facilitar la entrada de una nueva empresa concesionaria. Cifran la pérdida de poder adquisitivo en más del 21 % y señalan que ese dato figura en un informe jurídico de la propia empresa. Canarias7 no identifica el informe ni su fecha, de modo que la cifra es la posición de una de las partes. En las informaciones disponibles no se menciona ningún sindicato: quien habla es la representación legal de la plantilla, es decir, el comité.
Un contrato que no conoce la inflación
El nudo está en la adjudicación. La Mancomunidad del Sureste, la mancomunidad de los tres municipios, adjudicó el servicio en diciembre de 2022 por diez años; eldiario.es informó de un importe total de 98,7 millones de euros. Esas cantidades se fijaron antes de la gran ola de encarecimiento y el servicio arrancó en julio de 2023. Quien hoy quiera pagar más salario tiene que sacarlo de un margen calculado en 2022, o bien la mancomunidad tiene que modificar el contrato. En esa pregunta está atascado el conflicto.
Las cuentas de la Mancomunidad
Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de la Mancomunidad, marcó su límite el 10 de septiembre en Canarias7: «Las aspiraciones que tienen ellos en cuanto al porcentaje no lo vamos a permitir bajo ningún concepto». Su criterio: el personal de una concesionaria no puede cobrar más que los empleados municipales de puestos equivalentes. Al mismo tiempo afirma que se trata de que tengan «un salario digno». Los contratos, recuerda, se adjudican «con unos importes determinados», el capítulo de personal está contemplado en las condiciones de la concesión y la plantilla pertenece a Azsuma, no a la mancomunidad. Dice que ya se han negociado «concesiones muy importantes», sin concretar cuantías; la mancomunidad media entre las partes y estudia si es posible modificar las condiciones económicas del contrato.
Lo que dice la empresa — y lo que no
Azsuma no se ha pronunciado públicamente: en las informaciones disponibles no consta ninguna declaración de la compañía. La representación de los trabajadores describe así la mesa del 21 de mayo de 2026: los delegados de la empresa dijeron que no aceptarían ningún acuerdo que encareciera el servicio «ni un euro» y no presentaron ninguna propuesta concreta. Es la versión de una parte. Mientras la empresa calle, su argumento más fuerte hay que reconstruirlo: un contrato a precio cerrado no se amplía sin que alguien asuma la diferencia.
Qué tendrían que esperar los vecinos
Si hubiera huelga, la recogida no se detendría por completo. En España se considera un servicio esencial conforme al artículo 28.2 de la Constitución; según el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, la autoridad competente fija los servicios mínimos: en Canarias, según la ficha del procedimiento del Gobierno autonómico, la Dirección General de Trabajo. Otro caso muestra cómo se concreta: en Almonte (Huelva), la dirección andaluza de trabajo fijó el 7 de agosto de 2026, para una huelga en la misma empresa, un 40 % de la recogida domiciliaria y la atención prioritaria de centros de salud, colegios y mercados. Los porcentajes se establecen caso por caso.