El mayor escándalo medioambiental de Canarias
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos en contenedores marítimos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia diversos países africanos. La operación, anunciada el 17 de marzo de 2026, investiga a 32 personas y cuatro sociedades con domicilios en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca.
Los cabecillas operaban desde Gran Canaria
El entramado estaba liderado por cinco personas con funciones diferenciadas. Dos de ellas, residentes en Gran Canaria, se encargaban de la gestión documental y logística necesaria para la exportación de los residuos. Los otros tres individuos, asentados en Tenerife, enviaban los residuos directamente o a través de terceros y obtenían toda la documentación necesaria, fuera legal, irregular o falsificada.
Para dar apariencia de legalidad, la organización contaba con varios negocios que emitían facturas a nombre de terceros. En algunos casos, estas personas ni siquiera tenían conocimiento de la actividad criminal que se realizaba bajo su nombre.
¿Qué se exportaba?
Los materiales enviados eran principalmente residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sobre todo motores y compresores extraídos de frigoríficos sin la debida descontaminación, lo que permite la liberación de gases contaminantes a la atmósfera. También se enviaban repuestos y piezas de automóviles sin tratar, unas 38 toneladas de extintores y vehículos completos con documentación falsa declarados como mercancía de segunda mano.
La pista empezó en La Palma
La investigación fue iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en La Palma y por funcionarios de Vigilancia Aduanera en Santa Cruz de Tenerife, tras detectar un trasiego constante de contenedores hacia África. La documentación mercantil que acompañaba los envíos resultó ser una tapadera para ocultar la verdadera naturaleza de la carga.
Consecuencias legales y dimensión internacional
El traslado ilegal de residuos está tipificado como delito en el Código Penal español desde 2015, con penas de tres meses a un año de prisión o multa de seis a dieciocho meses, además de inhabilitación profesional. El caso también afecta al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, que prohíbe este tipo de prácticas a nivel internacional.
Las investigaciones continúan para determinar si hay más personas y empresas implicadas.
Relevancia para Gran Canaria
Aunque los envíos físicos se realizaban desde el puerto de Tenerife, dos de los cinco cabecillas operaban desde Gran Canaria. El caso plantea interrogantes sobre el control del tráfico de mercancías en el archipiélago canario y demuestra que la isla puede verse implicada en redes de criminalidad medioambiental internacional. Para los países receptores en África, los residuos incontrolados suponen un riesgo sanitario potencialmente devastador, una cara oscura de las rutas comerciales que conectan las Canarias con el continente africano.
CITA News sigue la evolución de este caso. Más información en la web oficial del Ministerio del Interior.