Quién convoca y quién no aparece
En Arrecife la convocatoria tiene nombre: CCOO llama, según La Voz de Lanzarote y Crónicas de Lanzarote del 9 de septiembre de 2026, a concentrarse a las 11.00 ante el Ayuntamiento, por contratos y cuadrantes dignos, contra la bolsa de horas, por la jubilación a los 60 y el reconocimiento de las enfermedades profesionales.
En Santa Cruz de Tenerife, no. El teletipo de Europa Press del 12 de septiembre de 2026 y sus versiones en Canarias Ahora, Diario de Avisos o Moncloa no citan sindicato ni plataforma alguna, solo a las propias trabajadoras; no ha podido establecerse un organizador con nombre y hasta el 13 de septiembre no se habían publicado hora ni lugar. Detrás del llamamiento estatal hay un éxito parlamentario: conforme al registro de iniciativas Control Congreso, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo aprobó el 26 de mayo de 2026 una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano cuyo texto final, de 10 de junio de 2026, tiene 17 puntos. No obliga al Gobierno. Las trabajadoras quieren llevarla al Senado y a la anunciada reforma de la Ley de Dependencia.
Un servicio que deben los municipios y prestan las empresas
El artículo 20 g) de la Ley 16/2019 recoge la ayuda a domicilio como prestación de servicio; por regla general la prestan empresas que han ganado una licitación. En Canarias conviven dos vías. Los municipios mantienen la suya y, además, según la nota del Gobierno de Canarias del 18 de diciembre de 2023, la Consejería de Bienestar Social firmó un convenio marco de siete millones de euros con los ayuntamientos para la ayuda a domicilio especializada — la consejera Candelaria Delgado lo justificó señalando que hay muchas personas con grado reconocido y PIA elaborado a las que no se ha podido ofrecer el servicio por no tener entidad prestadora. En febrero de 2024 el Gobierno cifraba en 24 los ayuntamientos adheridos, de 88. La segunda vía la licita la propia Comunidad Autónoma: el 21 de julio de 2025 el Consejo de Gobierno autorizó 17 millones de euros para Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, según Atlántico Hoy del 17 de mayo de 2026, el Ayuntamiento abonó seis millones de euros a la empresa Atende, cuyo contrato se prolongó sin nueva licitación desde noviembre de 2024. Desde mediados de mayo de 2026 existe además, informó Diario de Avisos, una prestación de unos 22 euros por hora, con un máximo de tres horas diarias; el Ayuntamiento contaba alrededor de 1.400 usuarios y Canarias Ahora hablaba el 6 de mayo de 2026 de más de 300 trabajadoras.
El convenio y los desplazamientos entre domicilios
Rige el I Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de Canarias (BOC n.º 2 de 3 de enero de 2023), firmado por la patronal ASADE y por CCOO, UGT e Intersindical Canaria. Venció el 31 de diciembre de 2025 y se prorroga tácitamente a falta de denuncia. La tabla de 2025 fija para la auxiliar 1.201,52 euros de salario base al mes, el escalón más bajo del convenio. La jornada parcial ha de ser de 25 horas semanales como mínimo, u ocho cuando el servicio lo requiera por sus características; el propio artículo 30.5.G.1 habla de un «alto porcentaje de contratación a tiempo parcial».
En el punto central de la protesta estatal el texto canario se aparta: el artículo 30.5.A considera trabajo efectivo también «las empleadas en desplazamientos entre servicios realizados consecutivamente», y el artículo 33.J obliga a la empresa a asumir los gastos, a 0,20 euros por kilómetro con vehículo propio. Sobre el papel la reivindicación principal ya está satisfecha aquí; la discusión es de aplicación. Intersindical Canaria, con USO y CCOO, denunció el convenio ante la Inspección de Trabajo en octubre de 2025, según Diario de Avisos.
El otro extremo: 1.447 servicios, 16.986 cheques
De las 95.191 prestaciones de dependencia canarias a 31 de agosto de 2026, los datos del Imserso sitúan en 1.447 las de ayuda a domicilio: 555 de grado III, 457 de grado II y 435 de grado I. Lo que se concede es dinero. 29.123 prestaciones canarias son vinculadas al servicio, una subvención para comprar un servicio que la Administración no presta; 16.986 de ellas están vinculadas a la ayuda a domicilio. En España la proporción se invierte: 70.345 de esas subvenciones frente a 414.984 servicios efectivamente prestados.
A quien recibe el servicio no se le escatiman horas: 30,4 mensuales en grado I, 57,2 en grado II y 81,8 en grado III, muy por encima de las medias españolas de 19,9, 44,0 y 65,7 y en la mitad alta de las horquillas del anexo II del Real Decreto 1051/2013 en la redacción del Real Decreto 675/2023. El problema canario no es la intensidad, sino cuántos hogares se alcanzan — y los 22 euros por hora son el precio que se paga a la empresa, no el salario de la mujer que llama al timbre.