¿Qué cambia el debate para inquilinos y visitantes?
La noche del 17 de noviembre, Ana Oramas debatió en laSexta con cinco políticos de otros partidos sobre vivienda, migración, trabajo y pensiones. PP y Vox no estuvieron, y de la mesa no salió ningún cambio de normas.
Un alquiler en Canarias cuesta de media 1.211 euros al mes en el tercer trimestre de 2026, según el Barómetro del Alquiler. Es un 8,81 % más que a finales de 2025, y la media nacional es de 1.214 euros.
La provincia de Santa Cruz de Tenerife llega a 1.240 euros, según el Barómetro, y la de Las Palmas a 1.183 euros. Desde finales de 2025 los alquileres subieron allí un 13,76 % y un 4,23 %, respectivamente.
¿Qué dice el polémico decreto de alquiler?
El Real Decreto-ley 26/2026, del 29 de septiembre de 2026, debía entrar en vigor el 1 de octubre, según medios. Prevé una prórroga del alquiler de hasta dos años, en tramos anuales.
Quien quiera la prórroga tiene que pedirla y haber pagado puntualmente los ocho meses anteriores. Afecta a contratos cuyo plazo obligatorio termina antes del 31 de diciembre de 2028, y no se indica plazo para solicitarla.
Sumar calcula que en Canarias podrían verse afectados 108.252 contratos, una estimación del partido sin cifra oficial. Según algunas informaciones, el Congreso de los Diputados rechazó ambos decretos de vivienda el 2 de octubre por 178 votos a 172.
Esa votación no consta ni en el BOE (Boletín Oficial del Estado) ni en la web del Congreso, así que no está confirmada. Quien tenga un contrato que termine antes del 31 de diciembre de 2028 debería aclarar su situación antes de fiarse de la prórroga.
¿Qué dice Oramas y qué responde la otra parte?
Oramas llamó «disparate» al segundo decreto de vivienda, con su prórroga obligatoria casi indefinida de los alquileres. Dijo que el Gobierno de Sánchez no ha creado en ocho años viviendas públicas ni sociales.
Los extranjeros compran entre el 20 y el 25 % de las viviendas de Canarias, afirmó Oramas, aunque no dio periodo ni fuente. Pidió una ley de residencia, que según ella ya se llevó a Bruselas, y un cambio de la Ley del Suelo.
Un análisis del debate le replica con el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, aprobado por un Gobierno socialista. De él procede la mayoría de las viviendas protegidas que se construyen ahora.
Oramas había dicho que Canarias hace ahora lo que el pacto anterior, con Ángel Víctor Torres, dejó sin hacer. José Muñoz, del PSOE, tachó el análisis de Oramas de «pensado a corto plazo».
Muñoz atribuyó los precios a los inversores extranjeros y a la presión turística tras la pandemia. Admitió que la vivienda pública no surte efecto de inmediato.
¿Cuántas viviendas protegidas se terminaron?
Según el artículo 148.1.3 de la Constitución, la vivienda es competencia de las comunidades autónomas. El Estado fija la ley de vivienda y el plan estatal.
Oramas admitió que las regiones pueden construir después de que Tesh Sidi, del Frente Amplio, se lo recordara. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la legislatura 2019-2023, con Ángel Víctor Torres de presidente, se terminaron 268 viviendas protegidas.
Fueron 60 en 2019 y 208 en 2022. Desde 2023, con Fernando Clavijo (CC-PP) de presidente, no se terminó ninguna, según el informe.
De enero de 2019 a junio de 2026 la media fue de unas 36 al año. Esos datos no se han contrastado con la fuente primaria, y el informe no recoge ninguna declaración del Gobierno de Canarias.
¿Qué se prepara sobre compra y vivienda vacacional?
España pidió en enero de 2026 a la Comisión Europea poder limitar en Canarias la compra de viviendas que no sean residencia propia. Clavijo se apoya en el artículo 349 del TFUE, que afecta a las regiones ultraperiféricas.
El borrador del Gobierno canario exige diez años de empadronamiento en las islas y permite un máximo de dos viviendas por persona. Una compra sin esa acreditación sería nula de pleno derecho, y no hay nada aprobado.
El Parlamento aprobó el 12 de noviembre de 2025 la Ley canaria 6/2025 sobre el uso turístico de viviendas. Votaron a favor CC, PP, ASG y AHI.
La ley exige al menos un 90 % de superficie de uso residencial exclusivo y deja a los ayuntamientos decidir sobre la vivienda vacacional. También prohíbe alquilar como vacacional una vivienda protegida.
¿Qué queda por aclarar?
Sigue sin confirmarse el resultado de la votación del 2 de octubre, con el voto de CC, y Oramas no ha citado la fuente de su 20 al 25 %. Tampoco ha respondido el Gobierno de Canarias sobre las cifras de viviendas terminadas, y falta saber qué plan sustituirá al Plan de Vivienda 2020-2025.
Un nuevo plan canario de vivienda abarca, según la fuente, de 2026 a 2030 o de 2026 a 2031. Quiere incluir a promotores privados de vivienda protegida, y el consejero responsable dice que el éxito depende de que el Estado aporte financiación suficiente.