CANARIAS · TURISMO

Canarias cierra el litigio de la moratoria turística: vía libre a construir frente a 500 millones

El Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo (coalición de CC y PP) ha cerrado un largo litigio en torno a la llamada moratoria turística, el freno al crecimiento de la planta hotelera. Según informaron el periódico Canarias7 y el portal especializado preferente el 19 de agosto de 2026, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con promotores hoteleros que abre la vía para construir en 36 parcelas en disputa situadas en zonas turísticas de la provincia de Las Palmas.

21 de agosto de 2026 · Por Martin Kosinski · 5 min
Construcción hotelera en la costa

Foto: Pjotr Mahhonin, CC BY-SA 4.0 (Symbolbild).

El acuerdo gira en torno a una cuestión indemnizatoria de unos 500 millones de euros. El mecanismo jurídico exacto no se detalló. La oposición discute con dureza la versión del Gobierno, en una polémica que depende de cuál de las dos moratorias canarias generó realmente algún coste.

En qué consiste el acuerdo

Según Canarias7 y preferente, el pacto del Gobierno de Clavijo pone fin a la larga disputa por las parcelas afectadas por la moratoria. En lo esencial, el acuerdo abre la puerta a levantar hoteles o instalaciones turísticas en 36 parcelas de zonas turísticas de la provincia de Las Palmas.

El portal preferente resumió la operación señalando que Canarias "se ahorra" 500 millones de euros al cerrar la batalla. Esa cifra es la indemnización en juego; cómo se materializaría exactamente en términos jurídicos no se concretó en las informaciones.

La lectura del Gobierno

Desde la óptica del Ejecutivo, el acuerdo elimina un riesgo económico: en lugar de afrontar posibles pagos a los promotores, el conflicto se resuelve reconociendo derechos de edificación en los suelos en disputa, tal como presentan las informaciones citadas del 19 de agosto.

Los 500 millones de euros se describen como lo que podría haberse tenido que abonar en indemnizaciones en caso de una derrota judicial. Según lo publicado, el Gobierno no detalló la vía jurídica concreta.

La réplica de Román Rodríguez

Román Rodríguez, líder del partido opositor Nueva Canarias (NC), responde con firmeza. Sostiene que su moratoria de 2001 no generó indemnización alguna: "no hay una sola sentencia indemnizatoria con relación a la moratoria turística de 2001", afirma.

Rodríguez se apoya en un informe oficial de la Consejería de Política Territorial de abril de 2025 que responde a una pregunta de la diputada Esther González. Según ese documento, todas las resoluciones sobre las leyes 6/2001 y 19/2003 fueron desestimadas: "todas las sentencias fueron desestimatorias por lo que no hubo indemnizaciones".

Dos moratorias, dos responsables

El núcleo de la polémica es qué moratoria se menciona. La primera es de 2001 y se asocia a Rodríguez (hoy en NC); comprende las leyes 6/2001 y 19/2003. La segunda es la Ley 6/2009, la moratoria del entonces presidente Paulino Rivero, aprobada bajo un mandato de Coalición Canaria (CC).

Rodríguez atribuye por ello la responsabilidad de unos 500 millones de euros no a su moratoria de 2001, sino a la Ley 6/2009 de Rivero. A su juicio, el Gobierno confunde o mezcla dos actuaciones distintas.

El trasfondo político

Rodríguez acusa al Gobierno de Clavijo de difundir una "falsedad": la idea de que no se puede hacer nada para frenar el desarrollismo turístico. Con ello, sostiene, se busca evitar un debate sobre nuevos límites al crecimiento, una demanda de las protestas masivas de 2024 y 2025. Esta interpretación es de Rodríguez; el Gobierno no la comparte.

Como prueba de que los límites son posibles, cita la protección del barranco de Veneguera, que según él evitó unas 20.000 camas turísticas. El choque une así una cuestión jurídica con el debate, muy vivo, sobre los límites del turismo en las islas.

Para situarse: hay dos moratorias canarias: la de 2001 (leyes 6/2001 y 19/2003), vinculada a Román Rodríguez y hoy a NC, y la Ley 6/2009 de Paulino Rivero (CC). Para entender la cuestión de los 500 millones conviene no confundirlas.
Fuentes: Canarias7, preferente y Diario de Avisos (19-20 de agosto de 2026).
Cautela con la interpretación: el mecanismo jurídico exacto de los 500 millones de euros no se detalló en las informaciones; la cifra figura como la indemnización en juego.
Gobierno y oposición interpretan el caso de forma distinta; este texto recoge ambas versiones sin tomar partido.

Datos y cifras

  • El Gobierno de Clavijo (CC–PP) cierra el litigio de la moratoria turística mediante un acuerdo con promotores hoteleros (Canarias7, preferente, 19 de agosto de 2026).
  • El pacto abre la vía para construir en 36 parcelas en disputa en zonas turísticas de la provincia de Las Palmas.
  • Está en juego una cuestión indemnizatoria de unos 500 millones de euros; no se detalló la vía jurídica exacta.
  • Román Rodríguez (NC): su moratoria de 2001 (leyes 6/2001, 19/2003) no generó indemnizaciones; todas las sentencias fueron desestimatorias (informe de la Consejería de Política Territorial, abril de 2025).
  • Rodríguez atribuye la responsabilidad a la Ley 6/2009 de Paulino Rivero (CC), no a su moratoria de 2001.
  • Cita la protección del barranco de Veneguera, que según él evitó unas 20.000 camas turísticas.

FAQ

¿Qué ha decidido el Gobierno de Clavijo?
Ha cerrado el largo litigio de la moratoria turística con un acuerdo con promotores hoteleros que permite construir en 36 parcelas de la provincia de Las Palmas, según Canarias7 y preferente.
¿Qué son los 500 millones de euros?
Una cuestión indemnizatoria que el acuerdo pretende resolver. El mecanismo jurídico exacto no se detalló en las informaciones.
¿Qué responde Román Rodríguez?
El líder de NC afirma que su moratoria de 2001 no generó indemnizaciones y se apoya en un informe oficial de la Consejería de Política Territorial de abril de 2025.
¿A qué moratoria atribuye Rodríguez la responsabilidad?
A la Ley 6/2009 de Paulino Rivero (CC), y no a su propia moratoria de 2001 (leyes 6/2001 y 19/2003).
¿Qué dimensión política tiene la polémica?
Rodríguez acusa al Gobierno de eludir un debate sobre los límites al crecimiento reclamado en las protestas de 2024-2025 y cita Veneguera como ejemplo. El Gobierno no comparte esa lectura.