¿Qué cambia para los propietarios?
Los propietarios pueden incorporar desde ya su vivienda vacía o poco utilizada al programa de forma telemática. La web vivacan.es está operativa en una primera fase, según el consejero Pablo Rodríguez. No hace falta acudir personalmente a una oficina.
El programa promete un seguro gratuito de impago del alquiler durante tres años. Según la información disponible, el Gobierno regional asume así hasta tres años de rentas impagadas. En los datos publicados no se concretaron importes máximos, exclusiones ni normas de procedimiento.
Además, los propietarios reciben asesoramiento sobre el precio del alquiler y apoyo en la selección de inquilinos solventes. También se contempla ayuda con el contrato y el inventario de la vivienda, así como asesoramiento jurídico. Igualmente se podrán gestionar ayudas para la rehabilitación o reforma del inmueble.
¿Qué cambia para inquilinos y expatriados?
Los interesados en alquilar pueden buscar viviendas disponibles a través de la web. El filtro incluye isla, municipio, precio del alquiler, número de dormitorios y otras características. En principio, la solicitud puede presentarse por la web.
Las fuentes no mencionan ninguna restricción por nacionalidad española. Lo decisivo son los requisitos de participación y de documentación que aún deben publicarse. Hasta ahora no se han confirmado límites de ingresos ni una renta máxima fija.
Los interesados reciben asesoramiento sobre la legislación española de arrendamientos, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Se prevé apoyo en la firma del contrato y ante problemas posteriores. La oferta incluye también una mediación entre inquilinos y propietarios.
¿Dónde está disponible la oferta?
La oferta estará disponible en las ocho islas habitadas de Canarias. Se contemplan servicios de asesoramiento digital, presencial y móvil. No se publicaron direcciones ni horarios concretos.
El consejero Pablo Rodríguez subrayó en el Parlamento que el servicio no se limitará a una web o un teléfono. Habrá oficinas a las que los ciudadanos puedan dirigirse. No se indicó una fecha para la apertura de esas oficinas.
La ejecución corre a cargo de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN). La gestión operativa la ha asumido la empresa Factoría, Gestión y Consultoría, S. L.
¿Qué implica para visitantes y turistas?
El programa afecta a contratos de alquiler de vivienda habitual y no incluye ninguna norma nueva para hoteles, viviendas vacacionales, entrada al territorio o estancias cortas. No se indica ningún efecto sobre las reservas turísticas. Los turistas no se ven directamente afectados por esta novedad.
Para residentes y expatriados que quieran alquilar a largo plazo en Canarias, el programa puede aumentar la oferta de vivienda asequible. El Gobierno quiere aprovechar con ello las viviendas privadas vacías. Muchas personas no solo tienen dificultades con los precios, sino que directamente no encuentran vivienda disponible, según Rodríguez.
¿Qué queda pendiente?
No se indicó una fecha de inicio para los contratos de alquiler individuales. Tampoco figuran en las fuentes accesibles un plazo de solicitud, límites de ingresos, una renta máxima fija ni el número de viviendas ya disponibles. Igualmente no se explica si el seguro se aplica automáticamente a cada vivienda aceptada.
El Gobierno o la administración del programa aún deben publicar las condiciones completas de participación, los detalles del seguro y los puntos de asesoramiento. Hasta ahora no se ha concretado una fecha para ello. Las normas de selección y de ingresos también están pendientes.
¿Cómo sigue el proceso?
En paralelo al arranque del programa se elabora un estudio detallado para cada isla. Su objetivo es determinar cuántas viviendas están vacías, cuáles son habitables y en qué estado se encuentran. El estudio se desarrolla en paralelo a la puesta en marcha del programa.
Rodríguez explicó que no hace falta esperar a los resultados del estudio para empezar a incorporar viviendas. El programa se diseñó, según el consejero, teniendo en cuenta experiencias de otras comunidades autónomas y errores anteriores.