Cemento en el sur de Gran Canaria: radiografía del negocio frente al turismo

En la costa de San Bartolomé de Tirajana, a un paso de las playas y los complejos hoteleros que sostienen la economía del sur de Gran Canaria, se levanta una instalación industrial que lleva décadas suministrando un material esencial para el crecimiento de las islas. Se trata de la fábrica de Cementos Especiales de las Islas, conocida como CEISA, cuya presencia en el área de El Pajar, en Arguineguín, ha vuelto a situarse en el centro de un debate que no es nuevo pero que gana intensidad conforme el turismo consolida su hegemonía en el municipio.

La planta, con dirección oficial en Bahía de Santa Águeda, opera muy cerca de la cantera de San José y forma parte de un grupo con sede en Las Palmas que despliega una red de 15 puntos de producción, almacenaje y venta repartidos por todo el archipiélago. Esa capilaridad sugiere una relevancia industrial que va mucho más allá de la comarca sur: CEISA es un eslabón clave en la cadena de suministro de materiales de construcción en Canarias.

Una fábrica con arraigo y músculo logístico

Los registros sectoriales sitúan la actividad de CEISA en el ámbito de los cementos especiales, un nicho que abastece tanto a la obra pública como a la edificación privada. La compañía no es una recién llegada: su implantación en el sur de Gran Canaria responde a una lógica histórica de proximidad a las materias primas y a las rutas de transporte marítimo que conectan las islas.

Desde el punto de vista económico, la cementera aporta empleo directo e indirecto en una comarca donde la oferta laboral está muy concentrada en la hostelería y los servicios. Además, su red de almacenaje y distribución facilita que el cemento llegue a otras islas sin depender exclusivamente de importaciones, lo que refuerza la autonomía del sector de la construcción canario.

El polvo que incomoda al paraíso turístico

La otra cara de la moneda tiene que ver con el impacto ambiental y la convivencia territorial. La actividad cementera genera, por su propia naturaleza, emisiones de partículas y polvo que pueden afectar a la calidad del aire y depositarse en el entorno inmediato. Documentos técnicos y evaluaciones ambientales del sector cementero señalan de forma recurrente estos efectos, así como su posible repercusión sobre el paisaje.

En el caso de CEISA, la ubicación añade un factor de fricción evidente: la fábrica se encuentra en una franja costera sensible, rodeada por un municipio que vive del turismo. Cualquier episodio de polvo en suspensión, el tráfico de camiones pesados o la mera percepción visual de una instalación industrial junto a la costa tienen un eco social amplificado. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de un conflicto de usos del suelo que enfrenta dos modelos económicos que necesitan coexistir.

Un equilibrio difícil pero no imposible

La tensión entre la industria cementera y el turismo no es exclusiva de Gran Canaria. En otros destinos de sol y playa del Mediterráneo se han vivido procesos similares que, en algunos casos, han desembocado en el traslado de las plantas o en la imposición de medidas correctoras muy estrictas. La diferencia en el caso canario es la limitación del territorio: no hay un “interior” amplio donde recolocar una fábrica sin que surjan nuevos conflictos.

Los defensores de la actividad industrial subrayan que el cemento es imprescindible para construir hoteles, infraestructuras turísticas y viviendas, y que depender en exceso de la importación encarecería los proyectos y restaría competitividad a la economía isleña. Quienes reclaman más protección para el entorno turístico, por su parte, argumentan que el valor añadido del paisaje y la calidad ambiental son activos económicos de primer orden que no deberían ponerse en riesgo.

Lo que está en juego en San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana concentra una parte sustancial de la oferta alojativa de Gran Canaria y aspira a seguir creciendo en segmentos de mayor poder adquisitivo. En ese contexto, la presencia de una cementera activa a escasa distancia de núcleos como Meloneras o Maspalomas se convierte en un elemento de fricción que la planificación urbanística y ambiental deberá abordar tarde o temprano.

Por ahora, la situación se mantiene en un equilibrio precario: la fábrica sigue operando, el turismo sigue batiendo récords y el debate público se aviva cada vez que el viento sopla en dirección equivocada. Lo que no existe, a día de hoy, es una hoja de ruta clara que defina cómo van a convivir ambas realidades en los próximos años.