Qué se anunció para hoy
Según la familia, el escrito no concreta qué supone la «inhabilitación»: ni si habrá precinto, cierre o tapiado, ni si otra medida impedirá el acceso (Canarias7, Diario de Fuerteventura). Fuerteventura Digital estimó el 17 de septiembre que Costas desistiría por ahora del derribo para desalojar y precintar. Es una valoración del periódico, no un anuncio del organismo.
Radio Sintonía desplazó por la mañana un equipo a la zona. Hasta el cierre no se había informado de si la propietaria estaba dentro, de cuántas personas acudieron ni de si hay presencia de la Guardia Civil.
Por qué «salvada por ahora» ya no basta
El 26 de agosto las medidas cautelares del Cabildo frenaron el derribo. El hueco está en la letra: la resolución suspende «cualquier actuación de demolición» hasta que un estudio determine si la casa tiene valores patrimoniales. Un desalojo o un precinto que no altere el inmueble no queda cubierto de forma expresa, según la lectura de Fuerteventura Digital.
La familia pidió ampliar las medidas a cualquier «inhabilitación, precinto, tapiado, cierre o desalojo», sin éxito hasta ahora. El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, explicó el 19 de septiembre que, tras las consultas técnicas y jurídicas, el Ayuntamiento no podía hacerlo. Dice haber enviado cinco escritos a otras administraciones (Canarias7, Radio Insular).
La posición de Costas
Costas se apoya en el deslinde de 2005, que sitúa la casa en el dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas de 1988 prohíbe el uso residencial, y en la autorización judicial del 28 de julio (eldiario.es). También el Gobierno de Canarias habla de una «resolución administrativa firme». Ya en 1994 una dirección general canaria sancionó, según el BOC, una caseta sin autorización en la Cueva de la Negra, en la zona de servidumbre, y requirió su demolición (Atlántico Hoy).
El abogado de la familia, José Luis Langa, dijo a Fuerteventura Digital que ha recurrido hasta el Tribunal Supremo sin que le dieran la razón, porque los tribunales aplican la Ley de Costas. Según fuentes del Cabildo, Costas respondió a las cautelares anunciando un recurso. Hasta el cierre no constaba un comunicado de Costas ni de la Delegación del Gobierno sobre hoy.
Ley de Costas frente a patrimonio: quién decide qué
Más allá de esta casa, la cuestión es qué norma prevalece en la costa. Canarias asumió en 2023 parte de la gestión del litoral, pero el Estado conserva el deslinde y la recuperación del dominio público (Fuerteventura Digital). El patrimonio corresponde a Canarias y a los cabildos: la Ley 11/2019 permite medidas urgentes y la suspensión de obras. La Dirección General de Patrimonio Cultural, de Miguel Ángel Clavijo, advirtió a Costas de que una resolución firme no altera ese reparto y de que cualquier afección al yacimiento junto a la casa exige informe favorable del Cabildo. Clavijo criticó «la arrogancia y la prepotencia» de Costas (Fuerteventura Digital, 17 de septiembre).
La Dirección General de Costas canaria pide además estudiar si se aplica la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, que puede dar una concesión a antiguos propietarios. La familia invoca una sentencia de la Audiencia Provincial de 1980 que habría reconocido al marido de la propietaria la adquisición por prescripción de la edificación primitiva (Onda Fuerteventura). En síntesis: el Estado decide sobre el litoral, Canarias sobre el patrimonio y, donde chocan, los tribunales.
Tribunales, política y movilización
La admisión del recurso no frena por sí sola la actuación: las demás partes tienen 15 días para oponerse y no consta suspensión. Según la familia, el auto recurrido obliga a Costas a dar cuenta al juzgado de la entrada y de cualquier incidencia (Canarias7). Langa anunció el 15 de septiembre que pediría medidas cautelarísimas (Diario de Fuerteventura); no se conoce resolución.
AM-CC acusó al Estado de mantener «una autoridad caciquil» (La Voz de Fuerteventura). La familia anunció que estaría «desde la noche del domingo 20» (Diario de Fuerteventura). La Dirección Insular de la Administración General del Estado no se opone a una concentración pacífica, pero la familia califica sus condiciones de «muy restrictivas».