¿De qué acusa el Ayuntamiento a la discoteca?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere multar con 3.001 euros a la discoteca La Pequeña Habana. Según una resolución, el local siguió abierto fuera del horario permitido.

La Policía Local encontró el viernes 23 de octubre de 2026, a las 08:10 horas, el local en pleno funcionamiento con las puertas cerradas. Había seis clientes dentro, aunque la autorización (declaración responsable) solo permite abrir de 18:00 a 06:00 horas.

El Ayuntamiento lo considera una infracción grave de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos. La resolución fija una horquilla de 3.001 a 15.000 euros, así que la ciudad propone la cifra más baja.

Además, la resolución menciona una posible reducción del horario, la suspensión temporal de la actividad o tres meses sin licencia. No se sabe si el Ayuntamiento aplicará alguna de estas medidas.

¿Qué pasó esa misma mañana con la policía?

La Policía Nacional entró en el local el 23 de octubre hacia las 08:00 horas, según los medios. Los agentes hallaron nueve bolsitas con una sustancia blanca, al parecer cocaína, escondidas en una papelera del baño.

El peso rondaba los 5,2 gramos y había además 1.407 euros en efectivo, parte de ellos ocultos tras la barra. Los agentes detuvieron a una responsable del local por presunto tráfico de drogas, y no se ha publicado su nombre.

Otra persona con una bolsita parecida recibió una denuncia administrativa por tenencia. Hasta ahora no hay condena: se trata de una detención.

Al mismo tiempo, la Policía Local anotó deficiencias en las salidas de emergencia. No consta ninguna declaración del local sobre las acusaciones.

¿Por qué se había levantado el cierre poco antes?

El 8 de octubre de 2026 la Dirección General de Edificación y Actividades ordenó el cierre del local (resolución n.º 35392/2026). El local tenía dos días de plazo y después se le amenazaba con el precinto.

El motivo era la falta de un certificado técnico que acreditara la corrección de tres deficiencias. Afectaban al alumbrado de emergencia, a la puerta de evacuación y a un cartel ausente con el aforo máximo.

El 23 de octubre, a las 10:00 horas, el Ayuntamiento levantó la orden. Según el relato, el certificado había llegado el 22 de septiembre, pero nadie lo había registrado.

Un informe interno del 20 de octubre había recomendado levantar el cierre. No está claro si el cierre se aplicó de verdad entre el 8 y el 23 de octubre.

¿Quién decide sobre la multa?

Los ayuntamientos tienen la potestad sancionadora según la ley canaria 7/2011, publicada en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) n.º 77 del 15 de abril de 2011. Así lo recoge el artículo 10.4 del texto.

Según la ley, la licencia puede retirarse como sanción o suspenderse como medida provisional. Lo regulan los artículos 31.1.c y 31.3.

Los tramos de la multa proceden aquí de la resolución, tal como se ha publicado. No hemos podido comprobar literalmente el texto legal sobre horarios y multas.

¿Qué cambia para los turistas del sur?

Para los clientes del sur de la isla no cambia nada, porque el caso afecta a un local de Las Palmas. Según los medios, está en la calle Fernando Guanarteme 45, cerca de la plazoleta Farray.

El local no está cerrado y la multa es solo una propuesta dentro de un procedimiento abierto. Quien quiera ir debería preguntar el horario al propio local, porque los directorios muestran horas distintas de las de la autorización y no son datos oficiales.

El caso muestra que la ciudad controla horarios, salidas de emergencia y carteles de aforo. Si encuentra deficiencias, puede ordenar el cierre de un local.

El Ayuntamiento no ha publicado ninguna recomendación para los visitantes. Tampoco se conocen nuevas normas para discotecas de otros municipios.

¿Qué pasa ahora?

El local puede rebajar la multa un 20 % si reconoce su responsabilidad. Eso supondría unos 2.400,80 euros, y según la resolución renunciaría entonces a recurrir.

Se desconoce si el local aceptará la propuesta o presentará recurso. El informe no da ningún plazo ni fecha para saber en qué queda la licencia.

Tampoco se sabe si hay un proceso penal contra la detenida. Según los medios, los vecinos se quejan desde hace tiempo del ruido y las aglomeraciones, con quejas que se remontan a agosto de 2018.