Qué aprobó el Pleno
Según el Ayuntamiento es nuevo: la separación en origen de vidrio, papel, envases, biorresiduos, aceites usados, textiles, muebles y poda; más obligaciones para comercios, hostelería y eventos; el principio de «quien contamina paga»; reducciones de tasas por compostaje doméstico. Además abre la puerta a la recogida puerta a puerta por zonas y a la apertura electrónica de contenedores vinculada a personas o inmuebles, el punto con más consecuencias en el día a día, porque cada depósito quedaría atribuido. El calendario, las zonas y la tecnología no figuran en la nota. El concejal Héctor Alemán habló de «un paso muy importante» y llamó a la limpieza «una tarea compartida». Cómo votó el Pleno no se indica.
Por qué las reglas todavía no se aplican
El artículo 70.2 de la Ley 7/1985 es explícito: las ordenanzas se publican en el boletín provincial y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y transcurrido el plazo del artículo 65.2, quince días hábiles. La aprobación definitiva es, por tanto, el penúltimo paso, y el Ayuntamiento lo escribió en su anuncio del 6 de mayo. El BOP sale lunes, miércoles y viernes; los siguientes números son el 28 y el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Que el intervalo puede ser largo lo demuestra la norma anterior: en 2005 pasó más de medio año entre aprobación y publicación.
Tres de las cuatro prohibiciones de titular están en el texto desde 2005
Tirar colillas y chicles a la calle no se prohíbe ahora por primera vez. El artículo 61 de la ordenanza de 2005 ya prohíbe expresamente arrojar «chicles, colillas, papeles» a la vía pública, también desde un vehículo en circulación. El 62 prohíbe sacudir ropa y alfombras desde ventanas y balcones; el 64.1, regar plantas si hay derrames a la calle; el 65, el vertido de desagües de aparatos de refrigeración sobre la vía pública y zonas ajardinadas. Las cuatro son infracciones leves según el artículo 155 a), con un tope de 120 euros. De los cuatro puntos de la nota, solo uno es realmente nuevo: la obligación de evitar las micciones de animales.
Quién debe vigilar y qué dice la oposición
Prohibir que se tiren colillas es fácil de aprobar y difícil de hacer cumplir. La nota dice que la ordenanza establece «un régimen de inspección y sancionador adaptado a la legislación vigente», pero no nombra ningún órgano. En la aprobación inicial del 24 de abril, el concejal del PP Ignacio Guerra anunció la abstención, según Canarias7: la exposición pública se había abierto en agosto, lo que limitó la participación. Por Vox, Carmen Rosa Expósito señaló que «se habla de sanciones y de deberes cívicos, pero poco de la responsabilidad municipal ante contenedores desbordados». Coalición Canaria pidió «un mayor control de la Policía Local». Alemán replicó que hay baldeos diarios y que antes se sentó con vecinos y asociaciones empresariales.
6,2 millones de euros para un centro de protección animal
El mismo Pleno autorizó elevar los porcentajes del Fondo de Desarrollo de Canarias y, con ello, 7.465.608,59 euros entre 2026 y 2027. De ese importe, según el Ayuntamiento, 6.256.266,03 euros corresponden a las obras del Centro Municipal de Protección Animal, aprobado como proyecto en junio de 2026: 2.160 metros cuadrados con larga estancia y atención veterinaria en una parcela de 37.727 metros cuadrados en Llano de Las Mozas, comprada por 595.000 euros. No están publicados el plazo de obra, la licitación, la apertura ni el número de plazas. Canarias7 informó el 16 de agosto de una subida del coste de 5,07 a 6,79 millones; la nota no explica la diferencia.