Qué es un solar y qué cuenta esta cifra
Un solar es una parcela en suelo urbano que reúne las condiciones para ser edificada. El INE recoge estas parcelas como categoría propia, «Fincas urbanas: solares», y la unidad es la finca. Lo que se cuenta es cuántas veces una de ellas cambió de titular y quedó inscrita, sea cual sea el título de adquisición: compraventa, herencia, donación y permuta están en la misma suma. El INE desglosa por título de adquisición solo el conjunto de las fincas urbanas (tabla 6153), no los solares. La cifra no es, por tanto, un stock: no dice cuántos solares hay, cuántas licencias se concedieron ni cuánto suelo podría edificarse.
Cuatro años planos y la comparación que estropea la explicación fácil
El mínimo de la serie está en 2015, con 1.802 transmisiones. Desde 2022 la cifra se mueve en una franja de unos 200 solares de ancho, con una media de algo más de 3.100 al año. La lectura evidente —Canarias no consigue mover su mercado de suelo— no aguanta la comparación. En el conjunto de España la cifra está un 54,2 % por debajo de 2007, según nuestro cálculo con la misma tabla: un patrón español posterior al estallido de la burbuja, no un fracaso canario. Hay una divergencia real, pero es reciente y pequeña: en 2025 España subió un 9,6 % y Canarias bajó un 1,5 %. Y el dato del archipiélago es a su vez la media de dos movimientos opuestos: Las Palmas perdió un 10,2 % y Santa Cruz de Tenerife ganó un 7,7 %.
Por qué esto cuenta en una emergencia habitacional
La emergencia habitacional es la formulación del propio legislador canario: el preámbulo de la Ley 7/2026, de 31 de julio, en vigor desde el 15 de agosto de 2026, habla de «la emergencia habitacional en que se encuentran las islas». Los solares cambian de manos antes de que se construya, así que esta serie se sitúa antes en la cadena que las licencias, las terminaciones o las ventas de vivienda. Es una afirmación sobre lo que la serie representa, no un pronóstico: el INE no publica ningún desfase temporal, y la fecha de inscripción no es la del inicio de una obra. De las 66.395 transmisiones urbanas registradas en Canarias en 2025, 40.086 fueron viviendas y 3.183 solares: la parte de la estadística que va antes de construir es la pequeña.
El lado del suelo: qué se puede acreditar
Hay pruebas, pero no una cadena causal recta. La Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y del Turismo —la moratoria turística— paralizó licencias y proyectos de urbanización sobre parcelas clasificadas como turísticas; la mayor parte de esas Directrices está derogada desde 2017 por la Ley 4/2017 del Suelo (BOE). De los proyectos paralizados salió un litigio que la Consejería de Política Territorial cerró a principios de 2026 con un acuerdo, según Canarias7 del 19 de agosto de 2026: unos 485 millones de euros por 36 expedientes, con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A cambio, esas parcelas de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Yaiza y Pájara no pasan automáticamente a rústico y será el planeamiento municipal el que determine su uso. Importa una matización: se trata de suelo clasificado como turístico, no de suelo residencial; según Canarias7, en parte de él podrían construirse nuevas camas. En vivienda las reservas van al contrario: el nuevo Plan General de Mogán reserva el 75 % de los metros residenciales de los nuevos sectores a vivienda protegida, y el artículo 17.3 de la Ley 7/2026 exige «al menos la mitad de la edificabilidad» en la obra nueva sobre parcelas vacantes en suelo urbano.
Tres lecturas y lo que está acreditado de cada una
Una serie tan plana admite tres lecturas, y ninguna se puede resolver con los datos publicados. Primera, retención de suelo: el INE no publica nada sobre estructura de propiedad, concentración ni tiempo de tenencia de los solares, así que aquí no hay base documental en ningún sentido. Segunda, planeamiento y administración: el informe de Obvia cita la lentitud de los trámites, las dificultades del planeamiento urbanístico y la carencia de infraestructuras básicas, y sostiene que el problema principal no es la falta de suelo, sino la dificultad para transformarlo en vivienda efectiva. El preámbulo de la Ley 7/2026 llama «obstáculo relevante» a la deficiente dotación de medios de las oficinas de licencias. Tercera, los costes: el mismo informe menciona el encarecimiento de la construcción. Cuál de las tres explica cuánto no aparece en ninguna fuente.