El monumento es obra de Juan de Ávalos — el mismo escultor que firmó las figuras monumentales del «Valle de los Caídos», cerca de Madrid, la mayor construcción del franquismo en España. Esa autoría, por sí sola, convierte la obra de Santa Cruz en un asunto político. Sus defensores la llaman «Monumento a la Paz»; sus críticos, «monumento a Franco». La sola disputa por el nombre correcto evidencia lo hondo de la brecha.
La decisión: sin protección patrimonial
Lo que puso todo en marcha fue una sentencia de 2024 que obligó al Cabildo a incoar un expediente de protección y valorar si la escultura era un «Bien de Interés Cultural», la máxima tutela según la ley canaria de patrimonio. El órgano asesor, el Consejo de Patrimonio Cultural, llegó a un resultado claro: con 16 votos en contra, una abstención y ningún voto a favor, rechazó el estatus. Su argumento: la obra no reúne los valores excepcionales necesarios para la máxima figura de protección.
Sin esa protección, se aplica la ley canaria de memoria histórica — que prevé la retirada de los símbolos franquistas del espacio público. Así, todo apunta a su retirada. Aun así, subrayan los expertos, eso no «condena» la escultura: simplemente la deja sin protección especial.
Los dos bandos
De un lado están los partidarios de la retirada, encabezados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT). Para su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, el monumento es «un agravio para las víctimas» y un símbolo franquista que no tiene cabida en el espacio público de una democracia. Su propuesta: trasladar la escultura al museo militar (Cuartel de Almeida) y convertir el lugar en un espacio memorial para las víctimas — conservarla, pero en un contexto explicativo, no como monumento de honor.
Del otro lado, la asociación San Miguel Arcángel pelea por conservarla, respaldada, entre otros, por la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Su presidente, Luis Sosa-Tolosa, argumenta a partir del valor artístico e histórico de la obra y subraya que la escultura en sí no porta símbolos ni rótulos franquistas. La retirada, denuncian, responde a una motivación puramente ideológica. La asociación anuncia que «agotará todas las vías jurídicas disponibles».
Por qué puede tardar mucho
Y aquí está el matiz que los titulares rápidos suelen pasar por alto: la asociación partidaria de conservarlo pretende impugnar el procedimiento del Gobierno regional por supuestos errores formales y de valoración. Si el recurso se admite a trámite, la decisión final sobre el destino de la escultura podría retrasarse entre dos y tres años. Mientras el procedimiento siga abierto, según la lectura de los defensores, rige incluso una protección similar a la patrimonial. La retirada está «prevista» — pero ni decidida ni ejecutada.