¿Qué se propone concretamente en Puerto de la Cruz?

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz trabaja en una ordenanza municipal para las viviendas vacacionales. El área competente de Ciudad Sostenible está dirigida por el concejal David Hernández. La ordenanza debe adaptar la regulación local a la ley canaria 6/2025.

El documento de consulta municipal propone reservar al menos el 90 por ciento de la capacidad residencial del término municipal para vivienda permanente. Este porcentaje está previsto como criterio general para la futura ordenanza. Deberá justificarse técnicamente en el procedimiento posterior.

La ciudad prevé además una zonificación. Se identificarán los barrios residenciales especialmente vulnerables. Allí, la ciudad quiere estudiar cómo compatibilizar los alojamientos turísticos con la protección del vecindario y la disponibilidad de vivienda permanente.

También se prevén prohibiciones para el uso turístico de viviendas protegidas durante los primeros diez años tras su calificación. Lo mismo se aplica a los edificios que no cumplan los requisitos mínimos de habitabilidad.

¿Dónde se concentran las viviendas vacacionales?

En Puerto de la Cruz hay unas 2.300 viviendas vacacionales registradas, como explicó el concejal David Hernández. Una parte de las viviendas realmente destinadas a uso turístico no está registrada, según indica el Ayuntamiento.

El número de viviendas no registradas es desconocido. Hernández señaló que solo un porcentaje reducido de las viviendas registradas dispone de un informe favorable. El resto no cuenta con esa valoración positiva.

La ciudad constata además que grandes propietarios y empresas concentran numerosas viviendas vacacionales en la ciudad. Esta concentración deberá tenerse en cuenta en la futura regulación. La disponibilidad de vivienda para uso permanente figura, según el Ayuntamiento, entre las principales preocupaciones sociales.

¿Qué significa para propietarios y operadores?

Las viviendas vacacionales existentes no se clausuran automáticamente por la consulta. Qué viviendas ya en funcionamiento podrán continuar deberá aclararlo la ordenanza posterior. Hasta ahora no se ha aprobado ninguna obligación, tasa o cierre concreto nuevo.

La legislación canaria exige que al menos el 90 por ciento de la capacidad residencial, es decir, de las viviendas existentes y previstas, se reserve al uso residencial. La planificación municipal puede determinar en qué zonas se permiten o se excluyen las viviendas turísticas. También puede prever un porcentaje inferior al máximo general del 10 por ciento.

¿Cómo pueden participar residentes y expatriados?

La consulta dura diez días desde el día siguiente a la publicación del anuncio en la web municipal. Residentes, organizaciones, empresas, propietarios y colectivos afectados pueden presentar propuestas.

Las aportaciones pueden tratar sobre los problemas que hay que resolver, la necesidad de la ordenanza, sus objetivos y posibles alternativas regulatorias. El objetivo es incorporar distintas perspectivas a una regulación que tendrá consecuencias directas para el futuro residencial y turístico de Puerto de la Cruz.

Para los visitantes no se conocen por ahora cambios publicados en precios, reservas, entrada, duración de la estancia o cierres. La consulta afecta inicialmente a la futura zonificación y a posibles restricciones del uso de viviendas vacacionales.

¿Se declarará Puerto de la Cruz «zona tensionada»?

La ciudad estudia si Puerto de la Cruz cumple los requisitos para ser declarada «zona tensionada» de mercado residencial. Aún no se ha tomado una decisión.

La ciudad quiere acompañar la ordenanza de un estudio de capacidad de carga. Este deberá analizar las posibilidades y los límites del término municipal desde el punto de vista ecológico, social, turístico e infraestructural.

¿Qué pasos siguen tras la consulta?

Tras la consulta seguirán la redacción del borrador, la exposición pública y el examen de alegaciones. Después, la ciudad decidirá sobre la aprobación definitiva. Aún no hay una fecha exacta para la entrada en vigor.

La ciudad todavía debe determinar qué zonas permitirán viviendas turísticas, qué porcentaje se aplicará allí y cómo se tratarán las situaciones existentes. Tampoco se ha publicado aún el número de viviendas potencialmente afectadas.

El concejal David Hernández declaró que la iniciativa responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico local ante la expansión de esta modalidad de alojamiento. Puerto de la Cruz quiere dotarse así de un marco jurídico actualizado para ordenar el crecimiento del alquiler vacacional.