Los apartamenteros del sur advierten que su negocio se hunde un 24% por la presión legal

La advertencia llega desde el corazón de la principal zona turística de Gran Canaria. Los conocidos como apartamenteros —propietarios que alquilan sus inmuebles en complejos turísticos— han puesto cifras a su malestar: el negocio se habría desplomado en torno a un 24 %. Aunque el dato concreto que manejan no detalla si se refiere a ingresos, ocupación o reservas, el mensaje es inequívoco. Sienten que una tormenta legal perfecta está asfixiando su forma de vida.

No es una queja nueva, pero sí una escalada en el tono. Durante años, el sur de Gran Canaria ha vivido un tira y afloja entre quienes defienden el uso exclusivamente turístico de estos complejos y quienes los habitan de forma permanente o los explotan por su cuenta. Ahora, con un goteo constante de sanciones y litigios, los apartamenteros aseguran que la viabilidad económica de miles de familias pende de un hilo.

Un conflicto con raíces profundas

Para entender la situación actual hay que viajar al origen del modelo turístico canario. Muchos complejos de apartamentos en zonas como Playa del Inglés, San Agustín o Puerto Rico se construyeron sobre suelo clasificado como turístico. La normativa autonómica establece que, en esos terrenos, el uso residencial permanente no está permitido. La idea original era clara: camas turísticas para un motor económico que no para de girar.

Con el paso de las décadas, la realidad se coló por las rendijas de la ley. Propietarios particulares, muchos de ellos extranjeros o canarios que heredaron estos inmuebles, empezaron a vivir en ellos o a alquilarlos por su cuenta al margen de la explotación unitaria del complejo. Lo que para unos era un derecho legítimo sobre su propiedad, para las autoridades y los empresarios hoteleros se convirtió en un problema de “residencialización” que desvirtúa el destino y compite de forma desleal.

El principio de unidad de explotación, la clave de todo

El término legal que sobrevuela cada sanción y cada expediente es el “principio de unidad de explotación”. En pocas palabras, significa que un complejo turístico debe ser gestionado por un único operador. Si un propietario alquila su apartamento por su cuenta a través de plataformas digitales o decide residir en él, está rompiendo esa unidad. Las multas pueden ser cuantiosas y los procesos judiciales, agotadores.

Los apartamenteros denuncian que esta figura jurídica se está aplicando con un celo que califican de desproporcionado. Sostienen que la ley no puede obligarles a ceder la gestión de su propiedad privada a una empresa externa. Sin embargo, los tribunales han ido dando la razón a la administración en numerosos casos, creando una jurisprudencia que estrecha el cerco sobre el uso residencial en suelo turístico. Esta inseguridad jurídica es, según el sector, lo que ha provocado la caída del 24 % en su actividad.

El impacto en el mercado y en las personas

Más allá de las cifras globales, el descenso del negocio tiene rostro humano. Muchos pequeños propietarios compraron estos apartamentos como inversión para su jubilación o como vivienda habitual. Ahora se encuentran en un limbo: no pueden vender con facilidad porque el mercado se ha contraído, y no pueden alquilar sin arriesgarse a una sanción. La paradoja es que, mientras el turismo bate récords en las islas, una parte de su tejido alojativo tradicional se marchita.

Los datos de contexto disponibles apuntan a una contracción en la oferta. En el último año, la zona sur habría perdido cerca de un 8,8 % de las viviendas disponibles para alquiler vacacional y un 10,7 % de las plazas totales. Son números que hablan de un goteo silencioso de camas que salen del circuito comercial, ya sea por miedo a las multas, por ventas forzosas o por el traslado de los propietarios a un régimen de uso privado en la clandestinidad.

¿Qué defiende la otra parte?

Los defensores de la normativa actual —desde el Gobierno de Canarias hasta asociaciones hoteleras— insisten en que no se trata de una persecución al pequeño propietario, sino de preservar el modelo turístico que sostiene la economía de las islas. Alegan que permitir la residencialización masiva de las zonas turísticas degradaría la oferta, encarecería los servicios públicos en áreas no diseñadas para población permanente y crearía guetos residenciales en primera línea de playa.

Además, subrayan que la ley no es nueva y que los compradores debían conocer las reglas del juego. La administración sostiene que su deber es hacer cumplir la ordenación del territorio y que la seguridad jurídica también protege a quien invierte en un complejo esperando una explotación turística homogénea. El debate, en el fondo, enfrenta dos visiones del derecho a la propiedad y dos modelos de desarrollo para el litoral canario.