¿Qué cambia para propietarios y turistas en Maspalomas?
La Consejería de Turismo y Empleo, el departamento del Gobierno canario que dirige el PP, ha anunciado un nuevo decreto. Debería aprobarse antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, aunque no se ha publicado ningún plazo fijo.
Los turistas e inquilinos no notarán cambios, según las informaciones disponibles. Quien haya reservado un alojamiento en un complejo de apartamentos del sur no tiene que hacer nada por ahora.
Los propietarios que viven en su apartamento solo pagarían los gastos comunes ordinarios del edificio. Para ello deben probar que empezaron a vivir allí antes de enero de 2017.
La Consejería no ha explicado cómo se acreditará ese requisito. Conviene reunir documentos que demuestren esa residencia anterior a 2017 y esperar al texto oficial.
¿Quién pagará qué en un complejo turístico?
El decreto sustituiría el término «unidad de explotación» por «unidad de operaciones». También buscaría unificar cómo contribuyen los propietarios a los costes de explotación del complejo.
Quien siga con uso turístico pagaría directamente esos costes. Según el anuncio, incluyen la recepción, la limpieza y el personal de restaurante.
Quien aporte un apartamento nuevo a un complejo asumiría todos los gastos comunes y de servicios. La misma regla valdría para la vivienda vacacional regulada, según el marco del 13 de diciembre de 2025.
La Consejería no ha publicado cifras concretas. Por eso aún no se sabe si un propietario pagará más o menos que ahora.
¿Por qué chocan propietarios y Gobierno desde hace años?
El conflicto arranca de la ley de turismo de 1995 y se agravó en 2013 con el principio de uso exclusivamente turístico. Según los informes, una norma de 2013 prohibía vivir en zonas turísticas y obligaba a ceder el apartamento a un operador durante al menos seis meses.
El 27 de febrero de 2025, la Consejería de Turismo suspendió las sanciones a propietarios que viven en sus apartamentos. Lo había pedido el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y afectaba a más de 3.000 expedientes.
En abril de 2026, la consejera de Turismo, Jéssica de León, dijo en el Parlamento que seguían abiertos 176 expedientes. De ellos, 110 tenían recurso de alzada y 66 no.
La ley de 2013 impide suspender los procedimientos, afirmó De León. Esther González, de Nueva Canarias, calificó el decreto de 2025 de «fracaso» y recordó una multa de 2.000 euros.
La plataforma de propietarios afectados calcula que el problema alcanza a 70.000 personas. Es una estimación de la plataforma, no una cifra oficial.
¿Quién decide y qué rige ya?
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde está Maspalomas, se ocupa del planeamiento urbanístico y de las ordenanzas municipales. El Cabildo de Gran Canaria dirige la planificación turística y el principio de gestión unificada, por el que un solo operador explota todo un edificio turístico.
La Consejería asegura que trabaja con los ayuntamientos para adaptar ordenanzas y planes urbanísticos. Cita a San Bartolomé de Tirajana y, según dice, pronto a Mogán.
La Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas se publicó el 23 de diciembre de 2025 en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Exige una autorización previa de planeamiento para el uso turístico en edificios residenciales, que debe ser excepcional.
Al menos el 90 % debe conservar el uso residencial, y el 80 % en las islas verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro. No se ha podido aclarar si incluye un régimen transitorio para los apartamentos de complejos turísticos.
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) contó en julio de 2026, en su estadística experimental, 39.678 viviendas vacacionales en Canarias, un 15 % menos que un año antes. Gran Canaria concentraba el 21 % de la oferta, pero la noticia no dio un valor absoluto.
¿Qué falta por saber y qué pasará hasta mayo de 2027?
Faltan por conocer el número del decreto, la fecha en el BOC y su rango jurídico. Las informaciones hablan unas veces de decreto y otras de decreto ley.
En agosto de 2026, la Consejería describió como simple borrador de trabajo un proyecto de decreto ley sobre el uso turístico del suelo. No se ha confirmado si coincide con el texto que ahora se anuncia.
Doris Borrego, presidenta de Ascav, pide plena libertad para que los propietarios alquilen por su cuenta o elijan un operador. Maribé Doreste, presidenta de PALT, quiere mantener el estatus no turístico.
En septiembre de 2026, el PSOE acusó a De León de filtrar un borrador. El diputado Gustavo Santana la llamó «irresponsable» y pidió su dimisión.
No está claro si los expedientes sancionadores quedan en pausa mientras tanto, y según el informe siguen su curso. Se espera la aprobación antes de las elecciones de mayo de 2027, pero el texto vinculante solo existirá cuando se publique en el BOC.