30 colegios, un tóxico y ningún vertedero: por qué Canarias se queda atrapada con el amianto

Es una palabra que pone en alerta a las familias: amianto. En unos 30 centros educativos de Canarias el material sigue instalado, sobre todo en placas de cubierta, bajantes o conducciones. Así lo confirmó estos días la Consejería de Educación en el Parlamento regional. La buena noticia primero: son bastantes menos que los cerca de 60 colegios afectados en 2021 — y las autoridades tienen un calendario. La menos buena: justo ahora, cuando habría que acelerar, a las Islas les falta un lugar donde poder gestionar el tóxico.

¿Cómo de peligroso es el amianto en un colegio?

Esta pregunta primero, porque condiciona todo lo demás. La respuesta técnica es clara y tranquilizadora a la vez: el amianto no es peligroso mientras permanece intacto. El riesgo solo aparece cuando el material se manipula, deteriora o rompe — entonces libera fibras microscópicas que, al inhalarse, pueden provocar graves enfermedades respiratorias y cáncer, incluido el temido mesotelioma. Así que, mientras las placas estén intactas y sin tocar, no suponen un peligro agudo para el alumnado.

Es justo lo que subrayan los responsables. Iván González, director general de Infraestructuras Educativas, recalca que en ninguno de los centros afectados existe «peligro para la salud de las personas» — y que ante cualquier riesgo se actuaría «de manera inmediata». El amianto fue un material de construcción habitual en España hasta su prohibición el 1 de enero de 2002; los edificios afectados son sobre todo de los años 70 a 90.

Dónde se concentra el problema

No todas las islas están igual de afectadas. El grueso de los casos está en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque allí se encuentran los edificios escolares más antiguos del Archipiélago. En Fuerteventura y Lanzarote no hay actualmente ningún colegio afectado, según la Consejería — sencillamente porque allí se ha construido más recientemente. Para la provincia de Las Palmas y para La Gomera y El Hierro, el Gobierno quiere dejar el problema «prácticamente a cero» en esta legislatura. El foco sigue siendo, por tanto, Tenerife.

De los 30 colegios, según González ya se actúa en doce (actuaciones de 2025 y 2026) y quedan 18 pendientes. Los colegios canarios deberían estar completamente libres de amianto en 2027. El presupuesto se ha duplicado este año hasta los 2 millones de euros.

El segundo problema: ¿dónde meter el tóxico?

Aquí se complica — y esto afecta a mucho más que a los colegios. Hasta ahora, el residuo con amianto se enviaba desde Canarias a un vertedero en Andalucía. Pero Andalucía ha cerrado sus puertas: amparándose en la Ley de Residuos de 2022, que permite a cada comunidad rechazar residuos peligrosos de otros territorios, ya no acepta amianto de fuera. Cataluña actúa de forma parecida. El objetivo de la ley es evitar que una sola comunidad se convierta en el destino final del amianto de toda Europa.

El problema: Canarias no dispone de vertedero propio autorizado para amianto. Y el volumen crece a toda velocidad — la cantidad de amianto retirado se ha multiplicado por cuatro en solo dos años, de unas 1.000 toneladas (2022) a más de 4.100 (2024). El motivo es el plazo de esa misma ley: antes de finales de 2028, el amianto debe haber desaparecido de los edificios públicos de mayor riesgo, lo que acelera las obras de retirada por todas partes.

Por ahora se recurre al almacenamiento temporal: seis meses permitidos, más otros seis — es decir, alrededor de un año de margen. Después amenaza un atasco que va mucho más allá de los colegios: el amianto también puede aparecer en trabajos de fontanería y fotovoltaica. La patronal del metal y la tecnología ya advierte de que, sin solución, el sector de la construcción y la rehabilitación se enfrenta a un bloqueo; más de 1.000 empresas asociadas no podrían cumplir sus obligaciones legales.

La solución que se atasca

El Gobierno regional dice llevar unos dos años trabajando en una salida: vertederos propios en Tenerife y Gran Canaria. Una idea es aprovechar los «miles de huecos» dejados por la extracción de áridos. Ángel Montañés, director general de Calidad Ambiental, pide tranquilidad: el amianto se almacena sellado e «inertizado», no emite radiación y, una vez correctamente aislado, «no genera ningún problema ni para las personas ni para el entorno». Pero el plan se atasca: el Cabildo de Gran Canaria ya ha rechazado un primer proyecto. Así, a las Islas les queda solo cerca de un año para encontrar una solución viable.

Qué significa para las familias

Para las familias, el mensaje clave es: no hay motivo de pánico agudo. Mientras el amianto esté intacto y sin tocar, no hay peligro inmediato, y las autoridades están obligadas a actuar de inmediato si se daña. La verdadera prueba no es el tejado concreto, sino el sistema que hay detrás: Canarias tiene que deshacerse de su tóxico, pero todavía no tiene dónde meterlo.

Cómo resuelva este atasco determinará si el calendario — 2027 para los colegios, 2028 para todos los edificios públicos — puede cumplirse. Hasta entonces, el amianto sigue la regla que los expertos repiten desde siempre: el riesgo real no surge de dejarlo donde está, sino de retirarlo de forma inadecuada. Por eso es tan importante que, al final, la prisa no gane a la prudencia.