Vivienda en Canarias: 277 pisos rescatados, 5.000 vacíos

Quien siga estos días las noticias de las Islas podría pensar que la política de vivienda ha vivido una primavera. En pocas semanas, varias islas anunciaron avances: préstamos para nuevas viviendas protegidas, una urbanización fantasma resucitada, un nuevo impuesto contra los pisos vacíos. Tras años en que la crisis de vivienda fue sobre todo motivo de queja, suena a punto de partida. Pero conviene mirar de cerca — porque la ofensiva lleva dentro una contradicción.

Qué se construye y se subvenciona

En Gran Canaria, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha concedido un préstamo de 11,5 millones de euros para 88 viviendas protegidas en alquiler (VPO) en el sur de la isla, en Santa Lucía de Tirajana. Junto con una subvención de 2,5 millones del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), la financiación pública suma 14 millones — sobre un coste total de 16,6 millones. Las obras avanzan desde 2025 y las viviendas deberían estar listas a principios de 2028. Llamativo: la promotora es una empresa privada. No es, por tanto, una iniciativa de vivienda pública pura, sino un modelo público-privado — el sector público hace viable un proyecto que no sería rentable solo para un promotor privado.

En Tenerife, otra historia llama la atención: en Granadilla de Abona vuelven a la vida 277 viviendas que llevaban paradas como esqueleto de obra desde la crisis inmobiliaria de 2008. Tras cerca de dos años de ejecución, llegan ahora al mercado como alquiler asequible — financiadas mediante un modelo que canaliza a inversores privados hacia la vivienda con ventajas fiscales (la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC). De símbolo del boom constructor pinchado a vivienda asequible.

En Lanzarote, por último, el Ayuntamiento de Arrecife aprobó 290 viviendas nuevas en el barrio de Los Geranios. Estas, sin embargo, son privadas — no hay que confundirlas con las 201 viviendas públicas que ya se construyen en el mismo barrio y que forman parte de un plan de unas 700 viviendas públicas en la isla.

La paradoja: mercado lleno, viviendas vacías

Y aquí está el quid. Mientras se construye, una parte considerable del parque existente está vacía. Se ve con especial claridad en La Laguna, en Tenerife: según un estudio de su universidad, 5.123 de las 74.091 viviendas de la ciudad están vacías — casi un siete por ciento, calculado a partir de los datos de consumo de agua. Tres de cada cuatro de esas viviendas vacías se concentran en solo tres distritos.

Justo ahí entra el instrumento más reciente: a principios de junio, el Ayuntamiento de La Laguna acordó introducir un recargo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas permanentemente vacías — entre un 50 y un 150 por ciento más. Lo permite la ley estatal de vivienda de 2023. La idea: encarecer el vacío para que los propietarios alquilen o vendan. Conviene, eso sí, ser prudente con los plazos — lo aprobado de momento es solo una «hoja de ruta» en tres meses. Ya en 2024 el pleno había aprobado un acuerdo similar que después se diluyó. Una declaración de intenciones no se convierte de la noche a la mañana en un impuesto exigible.

La contradicción no es una curiosidad canaria, sino parte de un debate nacional. El Banco de España atribuye la escalada de precios sobre todo a un déficit de oferta — se construye poco. Otros expertos replican: en 2021 había en España unos 3,8 millones de viviendas vacías, en torno al 14 por ciento del parque, muy por encima del cinco por ciento que se considera sano. El problema, sostienen, no es solo de escasez, sino también de distribución — la vivienda existe, pero no llega adonde se necesita.

Por qué, aun así, se atasca

Si se juntan las noticias sueltas, asoman los verdaderos cuellos de botella. Primero, el suelo y la burocracia: la escasez de suelo finalista y los largos plazos de tramitación encarecen y ralentizan los proyectos — el motivo por el que incluso viviendas protegidas como las de Gran Canaria no estarán hasta 2028. Segundo, la competencia del alquiler vacacional: en las codiciadas zonas costeras, el alquiler turístico de corta duración desplaza a la vivienda habitual, un asunto que ahora caldea especialmente a las Islas. Tercero, el tiempo: muchas de las viviendas anunciadas siguen en obra o solo en planificación; el alivio llega, como pronto, dentro de años.

A ello se suma un punto delicado en el propio parque público. En las Islas hay unas 4.500 viviendas sociales, cerca de 1.000 de ellas en La Laguna. Un colectivo de afectados acusa a la empresa pública responsable de cobrar a familias de bajos ingresos alquileres a veces demasiado altos — e incluso el IBI — pese a que una sentencia del Tribunal Supremo prohibiría esto último a esas familias. La política de vivienda no es, al fin y al cabo, solo cuestión de obra nueva, sino también de un trato justo con lo que ya existe.

El balance

La ofensiva de vivienda es real: fluye dinero, se levantan viviendas y, con el impuesto a los pisos vacíos, al menos se aborda una herramienta hasta ahora apenas usada. Tras años de inacción, es un giro. Pero las cifras invitan a la sobriedad. Mientras miles de viviendas sigan vacías, el suelo escasee y el alquiler vacacional compita por los mismos metros cuadrados, la crisis persistirá. La verdadera tarea no es solo construir más — sino lograr que la vivienda existente y la nueva lleguen de verdad a quienes viven en las Islas.