¿Qué cambia para inquilinos y turistas en Tenerife?
Quien alquila en Tenerife está protegido por el decreto estatal de alquiler, que rige en toda España. La interpretación de Madrid solo afecta a las viviendas de alquiler protegido de la Comunidad de Madrid.
Los propietarios no pueden repercutir al inquilino impuestos como el IBI (impuesto municipal sobre bienes inmuebles), salvo que este sea el contribuyente. Para ello el decreto modifica la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y limita los costes que un casero puede sumar a la renta.
Tampoco pueden cobrar gastos de comunidad si el edificio no está dividido en unidades de propiedad. Por eso, quien alquila en Tenerife hará bien en revisar el contrato y ver si incluye partidas de IBI o de comunidad.
Al turista no le afecta la disputa, porque no paga IBI. El paquete fiscal del decreto prevé un 10 % de IVA para las viviendas vacacionales, pero las fuentes no precisan si los precios cambiarán ni cuándo.
¿Qué dice la circular de Madrid?
Los gestores de viviendas de alquiler social de la Comunidad de Madrid pueden seguir cobrando IBI, gastos de comunidad y determinadas tasas municipales. Así lo recoge una circular de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
Según su argumento, el Estado regula los alquileres ordinarios y la Comunidad las condiciones de sus viviendas protegidas. Para sostenerlo, la circular cita sentencias anteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
¿Hasta dónde llega esta interpretación?
La circular es el criterio jurídico de la administración madrileña, no una ley nueva ni un fallo sobre el decreto de octubre. Está por ver si los tribunales lo comparten.
La ordenanza madrileña de 2009 permite cobrar, además de la renta, los costes reales de ciertos servicios. Según la Comunidad, se renovará en unas semanas y admite prórrogas según el IPC (índice de precios de consumo), no según el IRAV de la ley estatal de vivienda.
En Canarias las fuentes no recogen una interpretación comparable. La investigación tampoco halló ninguna postura del Gobierno de Canarias.
¿Quién pierde en Madrid y quién demanda?
El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida, adjudicó en 2023 un total de 25 parcelas municipales para 2.134 viviendas con alquileres por debajo del mercado. Los lotes fueron a parar a Culmia, Vía Ágora, Avintia y Pecsa.
Palatino, vehículo de inversión de clientes privados de Bankinter y Vía Ágora, compró después tres de los cinco lotes. Esas viviendas tienen la renta limitada, pero jurídicamente son libres y quedan sujetas a las nuevas reglas de la LAU.
Si allí se puede cobrar IBI y gastos de comunidad depende del edificio y del contrato. Según las informaciones, algunos promotores estudian una demanda de responsabilidad contra el Ayuntamiento, porque el concurso permitía expresamente repercutir esos costes.
¿Qué más incluye el decreto y qué sigue abierto?
El decreto suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de hogares vulnerables. Rige si el demandante es un fondo o una empresa que compró deudas o inmuebles por debajo del valor de mercado.
Con otros demandantes, la suspensión puede durar hasta tres años. Las administraciones tienen como máximo dos meses para ofrecer otra alternativa.
La Diputación Permanente del Congreso convalidó el decreto el 12 de noviembre de 2026 por 35 votos a 34. Un decreto paralelo, que habría prorrogado los contratos de alquiler sin límite de plazo, no se convalidó y quedó derogado.
Según el paquete fiscal, los ayuntamientos pueden subir el recargo del IBI a las viviendas vacías. La investigación no halló si algún municipio de Tenerife lo aplicará.
Ayuso también ha amenazado con recurrir los decretos de vivienda del Gobierno. No está confirmado que haya presentado ningún recurso.