El Gobierno de Canarias aprobó el 9 de marzo de 2026 la ley de vivienda pública más estricta de España: quien desee acceder a una vivienda protegida deberá acreditar un mínimo de doce años de residencia ininterrumpida — o quince discontinuos. Además, cinco años en el municipio. CITA News, su portal de noticias de Gran Canaria, explica qué significa el nuevo decreto para residentes, expatriados y recién llegados a las Islas Canarias.
Fin de los sorteos
El sistema anterior se basaba en un sorteo. El nuevo decreto lo sustituye por una baremación objetiva según criterios sociales, económicos y familiares. Las familias con rentas bajas, monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género tendrán prioridad.
El consejero Pablo Rodríguez explicó que el objetivo es un sistema «más justo, transparente y accesible». La inscripción será telemática.
Nueva ley de vivienda pública en Canarias — Claves
Requisito de residencia: 12 años ininterrumpidos (o 15 discontinuos) en Canarias
Vinculación municipal: 5 años de residencia o trabajo en el municipio
Límite de ingresos: Máx. 2,5× IPREM (~21.000 €/año) para viviendas 100 % protegidas
Cuota joven: Mín. 20 % reservadas a menores de 35 años
Excepción: Víctimas de violencia de género exentas del requisito municipal
Subarriendo: Prohibido — incluido como alquiler vacacional
Doce años: la barrera más alta de España
Canarias establece el requisito más elevado del país. Madrid baraja diez años para compra y cinco para alquiler; el País Vasco exige solo un año. El Consejo Consultivo calificó la cifra como «muy elevada» — el Gobierno pasó por encima.
El contexto: boom turístico, alza de alquileres y escasez de vivienda asequible, especialmente en el sur de Gran Canaria — Maspalomas, Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana. La Administración quiere que la vivienda pública se destine a quienes llevan años en las islas.
Críticas: «Ilegal y discriminatorio»
Derecho al Techo exigió la nulidad del decreto calificándolo de «ilegal y jurídicamente impugnable». Los críticos argumentan que vulnera el artículo 47 de la Constitución y el artículo 22 del Estatuto de Autonomía canario. La acusación: en lugar de resolver el déficit estructural, se traslada el problema a los más vulnerables.
¿Qué supone para expatriados?
Para la comunidad de residentes europeos en Gran Canaria — alemanes, británicos, nórdicos — el impacto directo es limitado, ya que la mayoría no depende de vivienda social. Pero marca una tendencia: el Gobierno prioriza cada vez más a los residentes de larga duración. Para quienes llevan pocos años, el acceso queda prácticamente cerrado.
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