Transparencia en Canarias alcanza un 8,87, su mejor nota histórica

Imagina que quieres saber cuánto cobra un alto cargo, a qué empresas se han adjudicado contratos públicos o cómo se gastan los impuestos en tu isla. Hasta hace no tantos años, obtener esa información en Canarias era una tarea casi detectivesca. Hoy la realidad es muy distinta: las administraciones del archipiélago acaban de obtener una nota media de 8,87 sobre 10 en transparencia, la más alta de su historia.

El dato lo ha publicado el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias a través de su herramienta T-Canaria, que cada año evalúa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. La puntuación corresponde al ejercicio 2025 y supone un salto notable desde el 8,44 de la convocatoria anterior. No se trata de una encuesta de opinión ni de un ranking elaborado por una entidad privada: es una medición oficial, sistemática y con criterios públicos que cualquier persona puede consultar.

Qué mide exactamente el ITCanarias

El Índice de Transparencia de Canarias no es un examen teórico. Evalúa tres grandes dimensiones de la transparencia institucional. La primera es el cumplimiento legal: ¿publica cada entidad todo lo que la ley le exige? La segunda es la calidad técnica del portal de transparencia: ¿es fácil de encontrar, navegar y entender? Y la tercera, quizá la más reveladora, es la transparencia voluntaria: ¿va la institución más allá de lo obligatorio y comparte información adicional por iniciativa propia?

El Comisionado revisa aspectos muy concretos: contratos, convenios, presupuestos, cuentas anuales, informes de auditoría, organigramas actualizados, retribuciones de altos cargos, agendas institucionales o datos sobre subvenciones concedidas. Todo eso se traduce en una puntuación que permite comparar el desempeño de unas administraciones con otras y seguir la evolución año a año.

Una mejora generalizada en todas las administraciones

Lo más llamativo del resultado de 2025 es que la mejora no se concentra en un solo tipo de institución. La administración autonómica subió hasta un 9,10, los cabildos insulares alcanzaron un 8,92 y los ayuntamientos se situaron en un 8,71. Incluso las universidades públicas canarias y las mancomunidades registraron puntuaciones muy altas, con un 9,23 y un 9,39 respectivamente. Las corporaciones de derecho público también rozaron el 9, con un 8,99.

Esta fotografía general muestra que el esfuerzo por reforzar la llamada publicidad activa —la obligación de difundir información relevante sin que nadie tenga que pedirla— está calando en todos los niveles. El Comisionado destaca que se ha fortalecido la publicación sistemática de datos sobre cuentas, auditorías, estructuras organizativas y remuneraciones, justo las categorías que más interesan a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

De dónde venimos: una tendencia al alza

Para entender el valor del 8,87 conviene mirar atrás. Los registros históricos del ITCanarias muestran que el sector público canario partió de puntuaciones mucho más bajas en los primeros años del sistema. Con el tiempo, la curva ha ido subiendo de forma sostenida hasta instalarse en la franja alta del sobresaliente. El 8,44 anterior ya era una buena nota; el 8,87 actual consolida una tendencia de mejora continua que parece asentada.

Conviene ser prudentes con las comparaciones fuera de Canarias. El ITCanarias tiene una metodología propia, distinta de la que emplea Transparencia Internacional España u otros observatorios, por lo que no es posible afirmar con certeza cómo se sitúa el archipiélago en un hipotético ranking autonómico nacional. Lo que sí es verificable es que, dentro de su propio sistema de medición, Canarias nunca había estado tan bien.

Por qué le importa a quien vive en las islas

La transparencia no es un lujo administrativo ni un capricho de tecnócratas. Para cualquier persona que resida en Canarias —ya sea de toda la vida, recién llegada o nómada digital— saber que las instituciones publican sus cuentas, sus contratos y sus organigramas tiene consecuencias muy prácticas. Permite seguir la pista al dinero público, detectar posibles irregularidades y entender cómo se toman las decisiones que afectan al día a día.

Además, el acceso a la información está reconocido como un derecho. El Comisionado de Transparencia insiste en que su labor no es solo evaluar, sino también proteger ese derecho y hacer que las administraciones sean más abiertas y accesibles. Una puntuación alta significa que, si mañana quieres saber cuánto costó la última obra de tu calle o qué empresa gestiona el servicio de limpieza de tu municipio, probablemente encuentres esos datos en el portal correspondiente sin necesidad de presentar una solicitud formal.