Lo que terminó el 23 de septiembre
El artículo 74 de la Ley de Costas 22/1988 y el artículo 152.8 del Reglamento General de Costas hacen obligatoria la información pública de veinte días. La publicación que cuenta es la del BOE del 26 de agosto; la página de participación pública del MITECO indica ella misma el periodo: del 27 de agosto al 23 de septiembre de 2026.
En el tablón de La Oliva figura el documento «1. Anuncio IP 21.08.2026», del expediente 28552/2026, descrito como «ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY DE COSTAS EN RELACIÓN CON FINCAS EN EL ISLOTE DE LOBOS». La fecha de publicación que consta es el 23 de septiembre, el último día; la fecha de creación del archivo, el 27 de agosto, el primero. No pudimos abrir el PDF —error 403—, así que no podemos decir si el anuncio municipal reproduce literalmente el texto del BOE. El tablón municipal es una publicidad adicional, no la legalmente exigida. El 24 de septiembre preguntamos al Ayuntamiento y a la Demarcación por qué llegó el último día; al cierre de esta edición no había respuesta.
De qué edificaciones se trata
El BOE solo da números. Pero la documentación publicada por el ministerio está ordenada por edificios: cada uno de los 36 expedientes lleva la marca «Edif.» y un número entre el 21 y el 59, faltando el 30, 31, 32, 44 y 55, y con el 58 dividido en 58.A, 58.B y 58.C. Los planos de la Demarcación de mayo de 2026 rotulan la zona como «Casas El Puertillo». Se trata, por tanto, de las casas del poblado de El Puertito, al sur, y no del faro de Martiño, al norte.
La base es el deslinde «El Puertito» (C-DL-168), de 16 de noviembre de 2001; los planos muestran además otro anterior, de 1970. Cuántas casas hay en total no consta en la documentación; Canarias7 escribió en febrero de 2019 de «unas 60 viviendas». Son cuestiones de propiedad de particulares: no damos nombres.
¿Treinta años o setenta y cinco?
La Ley de Costas de 1988 declaró la franja litoral dominio público marítimo-terrestre. Quien tenía allí propiedad la perdió, pero recibió un derecho de ocupación y aprovechamiento en lugar de indemnización. Eso lo regula la disposición transitoria primera. Su apartado 1 otorga la concesión «por treinta años, prorrogables por otros treinta», respetando los usos existentes y sin canon. El apartado 4 encaja con Lobos: si había deslinde anterior a 1988 y después se practicó otro, los terrenos entre ambos quedan bajo el régimen del apartado 1, y el año para solicitar corre desde la aprobación del nuevo deslinde. Eso explica el expediente: las solicitudes están fechadas entre 2002 y 2004.
Los 75 años no están ahí. Vienen de la reforma de 2013: el artículo 66.2 limita desde entonces las concesiones a setenta y cinco años como máximo, y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013 extiende la prórroga a los titulares de un derecho amparado por la transitoria de 1988, pero solo «previa solicitud de la correspondiente concesión».
Qué sigue abierto ahora
Cualquier interesado pudo formular alegaciones durante los veinte días hábiles. Ese plazo ha vencido. En los expedientes constan, eso sí, alegaciones de abril y junio de 2026, presentadas antes de la información pública.
Lo que viene está en el artículo 152 del Reglamento: practicada la información pública, el órgano competente resuelve, previa audiencia, en su caso, a los interesados. La Demarcación eleva el expediente al ministerio con informe y propuesta; si cabe otorgar, se comunican al peticionario las condiciones, que debe aceptar en diez días. El plazo máximo es de seis meses; transcurrido sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada. Las resoluciones sobre concesiones «ponen fin a la vía administrativa» y son impugnables ante los tribunales.
Protección, cupo y una reforma pendiente
Lobos está estrictamente protegido: parque natural con el código F-1 de la Ley canaria 12/1994, ZEPA y espacio de la Red Natura 2000 ES7010031 con 510 hectáreas. El acceso está limitado: 200 personas simultáneas, dos turnos de cuatro horas y LobosPass gratuito. El Plan Rector de Uso y Gestión del parque, de 2006, dejó escrito que algunas viviendas de El Puertito están dentro del dominio público marítimo-terrestre, tienen «un expediente sancionador en Costas» y están «pendientes de su derribo». Veinte años después, lo que corre es un procedimiento de concesión.
La misma Demarcación está cuestionada por el caso de la Cueva de la Negra, en Pájara; es otro procedimiento: allí se trata de ejecución sobre la base del deslinde de 2005, no de una concesión. El 29 de abril de 2026 el Parlamento de Canarias pidió por unanimidad modificar la Ley estatal de Costas, informó eldiario.es/Canarias Ahora; el diputado del PSOE Rafael Nogales dijo allí que la reforma está «en el trámite de enmiendas» en el Congreso de los Diputados.