El récord — y qué cuenta
6.324 es el máximo de la serie, que empieza en 2007 con 3.328: un 90 % más según nuestro cálculo. El INE no publica un indicador de esa relación, así que lo hemos construido nosotros: por cada 100 viviendas vendidas se heredaron en 2025 24,9, y en 2007 fueron 10,4. Solo una de las dos causas son las herencias: el numerador subió un 90 %, el denominador bajó de 32.103 a 25.368 compraventas.
La ETDP no es una estadística de mortalidad. Cuenta lo que los registros de la propiedad han inscrito en el año natural. Una vivienda heredada aparece en el año de la inscripción, no en el del fallecimiento, y la inscripción es voluntaria: el artículo 6 de la Ley Hipotecaria dice que «podrá pedirse», sin fijar plazo. El récord es, por tanto, un récord de inscripciones; la versión provisional de estos datos anuales se publicó el 20 de febrero de 2026.
Ninguna excepción canaria
La lectura más fácil —Canarias convertida en archipiélago de herederos— no resiste los datos. Las herencias son solo el 15,8 % de todas las transmisiones de vivienda en Canarias, el tercer porcentaje más bajo de las 17 comunidades autónomas: por debajo quedan únicamente Baleares, con 11,8, y Murcia, con 13,7; España llega al 18,5 y Navarra al 27,9.
En todo el país se heredaron 208.455 viviendas: el fenómeno es demográfico, no canario. Que las islas queden tan abajo se debe a su vivo mercado de compraventa. El récord es real; la «excepción canaria», no.
Seis meses — y una novedad desde enero de 2026
La declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones debe presentarse en el plazo de seis meses desde el fallecimiento: artículo 27.1 a) del Decreto Legislativo 1/2009 de Canarias, de idéntica redacción al artículo 67.1 a) del Reglamento (Real Decreto 1629/1991). Competente es la Agencia Tributaria Canaria; el modelo, el 650.
El artículo 68 del Reglamento permite una prórroga por un plazo igual al inicial, es decir, otros seis meses. Debe solicitarse dentro de los cinco primeros meses, con certificado de defunción y valor aproximado de los bienes; si transcurre un mes sin respuesta, se entiende concedida. No es gratis: el apartado 6 obliga a pagar intereses de demora, que la Agencia Tributaria fija para 2026 en el 4,0625 %.
La novedad, vigente desde el 1 de enero de 2026, es el apartado 2 del artículo 27, introducido por la ley de presupuestos de Canarias, Ley 9/2025, de 23 de diciembre de 2025: quien incumpla los requisitos de un beneficio fiscal canario debe regularizar en un mes con autoliquidación complementaria e intereses de demora. Los plazos en sí no cambian. Quien pierda los seis meses sin requerimiento previo paga, según el artículo 27.2 de la Ley 58/2003, un recargo del 1 % más otro 1 % por cada mes completo de retraso, y el 15 % a partir del decimotercero.
La bonificación: 99,9 %, pero no para todos
El artículo 24 ter del Decreto Legislativo 1/2009 concede a los grupos I, II y III del artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987 una bonificación del 99,9 % de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones mortis causa. El grupo I son descendientes menores de 21 años; el II, descendientes de 21 o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes; el III, hermanos, tíos, sobrinos y afines. Fuera queda el grupo IV: primos, grados más distantes y extraños. Las parejas de hecho se equiparan a los cónyuges (artículo 41).
Lo decisivo es la residencia del causante, no la del heredero (artículo 32.2 a) de la Ley 22/2009); también los no residentes en España pueden aplicar la normativa canaria si el causante residía aquí (disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, adaptación a la sentencia del TJUE C-127/12). En 2026 nada ha cambiado: el artículo 24 ter sigue igual desde el Decreto-ley 5/2023, y la única norma fiscal canaria de 2026 que toca el texto refundido, el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, modifica el artículo 37: el tipo reducido de actos jurídicos documentados.
No inscribir, renunciar: qué ocurre entonces
No inscribir no se sanciona; la Ley Hipotecaria no fija plazo ni multa. El hueco se paga al vender: por el artículo 20, el derecho del transmitente debe constar previamente inscrito, y el artículo 254.1 exige acreditar antes el pago de los impuestos. El plazo fiscal corre al margen.
La renuncia o repudiación debe hacerse, según el artículo 1008 del Código Civil, ante notario en instrumento público; por el artículo 990 no cabe en parte, a plazo ni condicionalmente, y por el artículo 989 sus efectos se retrotraen al momento de la muerte. En la sucesión intestada, el artículo 923 hace heredar a los parientes del grado siguiente por su propio derecho — el texto dice expresamente que no pueden representar al repudiante.
Fiscalmente no es un acto neutro: por el artículo 28.1 de la Ley 29/1987, los beneficiarios tributan por la parte renunciada, y en cuanto al parentesco se aplica el del renunciante cuando le corresponda uno superior. Quien renuncia a favor de persona determinada tributa él mismo, según el apartado 2, y además se liquida la cesión o donación. Y transcurrida la prescripción —cuatro años, artículo 66 de la Ley 58/2003—, la renuncia se reputa donación a efectos fiscales conforme al apartado 3.