Lo que puede hacer un plan de modernización y no puede el planeamiento ordinario

El artículo 7.1 de la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias, citado literalmente en el acuerdo, define el plan de modernización como un instrumento de ordenación urbanística que "complementa y, en su caso, sustituye" las determinaciones vigentes y establece la ordenación completa de su área de intervención. No puede clasificar ni reclasificar suelo sin acuerdo municipal previo. Estos planes fueron creados por la Ley 6/2009. La clave está en el artículo 8: la tramitación es "abreviada y de fase única" y la aprobación definitiva corresponde al Gobierno de Canarias, no al ayuntamiento; desde ahí el plan prevalece sobre el plan general en su ámbito.

La cronología, hasta donde está documentada

El 11 de diciembre de 2017 el gerente del consorcio urbanístico para la rehabilitación del municipio expone la conveniencia de elaborar un documento previo para un segundo plan. Un año después, el 28 de diciembre de 2018, el pleno del Cabildo formula la iniciativa; el 19 de marzo de 2019 la Alcaldía presta su conformidad; el 2 de abril de 2020 el Gobierno de Canarias la acepta; el 16 de noviembre de 2020 se firma el convenio. El expediente ambiental detalla lo que vino después: el borrador entró el 1 de octubre de 2020, se requirió subsanación el 13 de noviembre de 2020 y el 11 de junio de 2021, y la documentación corregida llegó el 13 de diciembre de 2021. El 28 de marzo de 2022 el viceconsejero competente inició la evaluación ambiental estratégica ordinaria y sometió el borrador a consultas durante 45 días hábiles. Después, en las fuentes que hemos podido abrir, no consta ningún trámite más hasta 2026.

El 16 de noviembre de 2024 y lo que el expediente no dice

La cláusula novena del convenio de 2020 fijaba cuatro años de vigencia; la prórroga solo era posible mediante una adenda "acordada y firmada por ambas partes antes de la finalización del plazo inicial". El acuerdo de 27 de julio de 2026 constata que eso no ocurrió, que el convenio perdió por ello su vigencia y que hace falta uno nuevo para dar continuidad a los trabajos. Quién debía preparar la adenda y por qué no llegó no figura ahí, y nosotros no añadimos nada. El nuevo convenio repite la misma construcción: otros cuatro años, prorrogables por cuatro más y de nuevo solo mediante una adenda firmada antes del vencimiento.

Qué logró el primer plan

El primer plan se aprobó por el Decreto 107/2015; su finalidad, según el artículo 2.1, era la "recualificación integral" del núcleo turístico. El borrador del segundo plan contabiliza 31 convenios urbanísticos suscritos al amparo del primero: 17 de renovación de establecimientos existentes, 2 de nuevos establecimientos, 6 de equipamientos y 6 de reordenación urbanística. El informe del consorcio tras el segundo año habla de "continuidad de las actuaciones de renovación de establecimientos de alojamiento". Sobre el terreno se vio sobre todo dinero privado: Diario de Avisos informó el 10 de noviembre de 2025 de cerca de 100 millones de euros invertidos en una decena larga de inmuebles desde 2017, y señaló que la ciudad había pasado de un hotel de cinco estrellas a tres. La actuación individual más cara es pública: 35 millones de euros para el Gran Hotel Taoro, propiedad del Cabildo y cerrado durante 20 años.

Por qué importa ahora

Puerto de la Cruz está considerado el núcleo turístico más antiguo de Canarias, y su planta alojativa lo refleja. Con datos del área insular de turismo, el borrador de octubre de 2021 cuenta 83 establecimientos con 21.253 plazas en explotación: 55 hoteles con 16.401 y 28 extrahoteleros con 4.852. Cerca del 72 % de los establecimientos y el 74,6 % de las plazas llevan más de 30 años en el mercado; el máximo histórico fueron 30.087 plazas en 1972. Frente a eso, el padrón del INE registraba 31.137 habitantes a 1 de enero de 2025. El borrador recoge también la advertencia del plan turístico de 2012: la antigüedad no implica necesariamente obsolescencia. La otra parte está publicada: Ashotel y el Centro de Iniciativas Turísticas dijeron a Diario de Avisos que la renovación privada había sido un "esfuerzo inconmensurable" no acompañado de inversión pública; el alcalde, Leopoldo Afonso, declaró al mismo periódico en noviembre de 2025 que trabajaba para que el Gobierno de Canarias "acelere los trámites administrativos" y que nadie le había dado una fecha. Para entonces la base jurídica llevaba ya un año caducada. La nota del Gobierno de Canarias de 27 de julio de 2026 no menciona ese vencimiento.