Precios del agua en Tenerife: investiga la Fiscalía

La historia empieza con una crisis de verdad. En mayo de 2024, a Tenerife el agua no le llegaba al cuello, sino mucho más abajo: las reservas de las balsas habían caído por debajo del 15 por ciento y la isla arrastraba su sexto año consecutivo de sequía. El 29 de mayo de 2024 el Cabildo declaró oficialmente la emergencia hídrica —por unanimidad, con un paquete de 75 medidas—. Tiempos de crisis, reglas de crisis, y también se ajustó el precio: ya en octubre de 2023 se habían modificado los contratos de suministro y subido las tarifas del agua.

Entonces llegó la lluvia — y se quedó

El invierno de 2025/26 hizo lo que los seis anteriores no habían hecho: diluvió. Las balsas se llenaron, primero al 66 por ciento, después al 70, en algunos puntos hasta el 90. Las reservas crecieron un asombroso 146 por ciento respecto al año anterior, las mejores cifras en seis años. El 1 de marzo de 2026 el Cabildo sacó la conclusión lógica y declaró terminada la emergencia. Crisis superada.

Solo una cosa, al parecer, no se enteró: el precio. Mientras el agua se acumulaba tras los muros de las presas como no lo hacía en años, la empresa pública Balten seguía facturándola a los caros precios de emergencia. Pasaron las semanas, las balsas seguían llenas, la factura seguía alta. Es justo aquí donde una árida cuestión de tarifas se convierte en una historia: ¿cómo puede sobrevivir un precio de emergencia cuando la emergencia que lo justificaba ya se ha levantado?

Un empresario hace la pregunta incómoda

La pregunta no la hizo primero la política, sino un empresario. En un escrito al Cabildo y a Balten señaló la contradicción: balsas llenas pero precios de sequía —algo que no cuadra y que debería llevar a una bajada de precios o, al menos, a una justificación expresa—. De lo contrario, advertía, habría un «sobrecoste injustificado» y un posible perjuicio para las arcas públicas.

Al no llegar respuestas satisfactorias, el escrito se convirtió en denuncia. El 2 de junio de 2026, la asociación Corrupción 0 —representada por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez León— llevó el caso ante el Tribunal de Cuentas. Su secretaria general confirmó la recepción el 10 de junio; poco después, el Tribunal trasladó el asunto a su propia Fiscalía, con el encargo de «practicar las actuaciones que estime conveniente respecto de los posibles ilícitos penales».

La hipótesis delicada

¿Por qué pagaría de más, voluntariamente, un organismo público? La denuncia ofrece una hipótesis —expresamente como conjetura, no como prueba—: los precios altos podrían haber servido para retener a las empresas suministradoras. El aumento de los costes de energía y producción podría, de otro modo, haberlas empujado a descolgarse del contrato y dejar de prestar el servicio. Dicho de otra forma: mejor comprar caro de forma sostenida que arriesgarse a quedarse sin agua en una situación ya tensa. Si esa lectura se sostiene es ahora cosa de la Fiscalía.

El Cabildo, por su parte, alega con carácter general que está legalmente obligado a actualizar las tarifas —de modo que la fijación de precios no responde a un acto arbitrario, sino a exigencias legales—. La investigación dirá si eso ampara el mantenimiento de los precios de emergencia una vez levantada la emergencia.