¿Qué implica el trámite para inquilinos y visitantes?
Desde el 15 de octubre de 2026, la ciudadanía puede consultar la documentación del expediente y el plan de medidas propuesto. Los documentos están disponibles en el portal de participación del Gobierno de Canarias, dentro de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Hasta el 12 de noviembre de 2026 se pueden presentar alegaciones. Se puede hacer por vía electrónica mediante el formulario habilitado o, en el caso de personas físicas, de forma presencial en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias.
Para inquilinos, expatriados y visitantes no cambian por ahora ni los precios ni las normas de estancia, alquiler o reserva. No hay cierres anunciados ni plazos de solicitud, salvo la posibilidad de presentar una alegación.
¿Qué cifras aporta el Ayuntamiento?
Según el Ayuntamiento, el esfuerzo medio de los hogares por alquiler y gastos básicos de vivienda es del 30,97 % de la renta del hogar. El umbral utilizado en la ley estatal de vivienda es del 30 %.
Los alquileres medios subieron un 29,4 % entre 2019 y 2024. La fuente solo dice que los alquileres subieron casi diez puntos por encima del índice de precios de consumo, lo que es compatible con ese dato.
Los distritos donde el esfuerzo alcanza el 30 % o más concentran aproximadamente el 77 % de la población del municipio, según el expediente municipal.
¿Cómo ha ido el procedimiento hasta ahora?
El Ayuntamiento presentó por primera vez la solicitud de inicio del procedimiento el 10 de mayo de 2024. EFE/Canarias Ahora solo indican que la ciudad remitió documentación técnica complementaria en enero de 2025.
Tras los requerimientos, la ciudad entregó la documentación solicitada a la Consejería en febrero de 2026, según EFE. El Instituto Canario de la Vivienda revisó la documentación y confirmó que se podía continuar con la tramitación de la consulta pública.
El procedimiento se apoya en el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda en Canarias.
¿Qué podría cambiar con la declaración?
Una declaración definitiva podría permitir la aplicación de instrumentos de la normativa de vivienda. Entre ellos, limitaciones en determinadas subidas de alquiler y otras medidas del plan municipal presentado.
Sin embargo, no implica automáticamente un tope uniforme del alquiler desde el 15 de octubre. En la información disponible aún no se fijan importes máximos concretos, nuevas obligaciones para propietarios ni reglas para viviendas vacacionales.
La declaración afecta a todo el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, no solo a barrios concretos.
¿Quién decide y qué queda pendiente?
La decisión corresponde al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Una vez finalizado el plazo, el ICAVI examina las alegaciones y responde a cada una de las propuestas.
Después se solicita al Ayuntamiento un informe sobre las alegaciones. Solo entonces el Gobierno de Canarias decide si acepta o rechaza la solicitud.
Está por ver si el Gobierno de Canarias aprueba la declaración o rechaza y archiva el procedimiento. No se ha comunicado una fecha vinculante de decisión.
¿Qué deberían hacer ahora los afectados?
Quien quiera presentar una alegación puede hacerlo hasta el 12 de noviembre de 2026. La documentación está disponible en el portal de participación del Gobierno de Canarias.
Las alegaciones electrónicas se pueden presentar mediante el formulario habilitado. Las personas físicas también pueden presentarlas de forma presencial en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias o según los procedimientos de la Ley 39/2015.
Para el resto no cambia nada por ahora. No hay nuevos precios, obligaciones ni plazos que entren en vigor a partir del 15 de octubre.