Qué cuenta la cifra y qué no

La estadística no mide desahucios ni subastas consumadas. Cuenta certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad durante el trimestre: el arranque formal de un procedimiento, no su resultado. El INE advierte expresamente de que no toda ejecución iniciada termina con la pérdida de la vivienda. Entre la inscripción y una posible subasta pasan meses o años, y muchos se cierran antes, por refinanciación, pago de lo debido o entrega de la vivienda.

¿Aguanta el salto en la comparación anual?

Los datos trimestrales de este tamaño oscilan mucho, así que la comparación de cuatro trimestres es la prueba más sólida, y respalda la subida: 818 viviendas canarias en los cuatro trimestres hasta junio de 2026 frente a 593 antes, un 37,9 % más y por encima del 24,1 % español. En el segundo trimestre el archipiélago concentró el 6,0 % de todos los casos de España; sobre cuatro trimestres, el 4,8 %. La dirección es real, pero el trimestre suelto la exagera. Como referencia de escala: en las dos provincias canarias juntas se iniciaron 1.404 procedimientos así en 2018, según los datos anuales del INE, y 713 en 2025.

Las viviendas de empresas: lo que dice la tabla

En viviendas cuyo titular es una persona jurídica los procedimientos pasaron de 47 a 103; en las de personas físicas, de 153 a 196. Algo más de un tercio de los casos canarios afectó a propiedad empresarial, frente a algo menos de un octavo en España. El contraste con el Estado es notable: allí la cifra empresarial apenas se movió —631 frente a 601, un 5,0 % más— y sobre cuatro trimestres cayó un 1,4 %, hasta 2.074. La subida nacional viene de particulares; el pico canario, de empresas.

Por qué esto no es un reportaje sobre vivienda vacacional

La serie es muy errática. En el primer trimestre de 2026 solo seis de los 171 procedimientos canarios afectaron a propiedad empresarial, un 3,5 %; en el cuarto trimestre de 2024 fueron tres casos; en el primer trimestre de 2024, en cambio, 137 de 278, es decir el 49,3 %. Un peso empresarial del 34,4 % no es, por tanto, una novedad en Canarias. Pero lo decisivo es otra cosa: la tabla solo distingue entre persona física y jurídica. No indica actividad, ni tamaño, ni uso del inmueble. Si detrás de esas 103 viviendas hay promotoras, sociedades de alquiler, gestores de vivienda vacacional o pequeñas SL familiares no se puede saber con los datos publicados, y tampoco los Registradores ni el Banco de España ofrecen ese desglose para Canarias. Dos indicios débiles van contra la lectura de «promociones fallidas»: 263 de las 299 viviendas eran de segunda mano y en todo el trimestre solo un solar entró en ejecución en el archipiélago.

Si el casero pierde el piso

Para el inquilino todo depende de la fecha de la firma. El artículo 13.1 de la Ley 29/1994, en la redacción del Real Decreto-ley 7/2019, vigente desde el 6 de marzo de 2019, da al arrendatario, ante una enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria, derecho «en todo caso» a continuar hasta cumplir cinco años, siete si el arrendador es persona jurídica. Solo después, y únicamente si se pactó una duración mayor, queda extinguido el arrendamiento; continúa si el contrato había accedido al Registro de la Propiedad antes de los derechos que provocan la resolución. El artículo 14 obliga al adquirente a subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendador, aun concurriendo en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Para los contratos firmados entre el 6 de junio de 2013 y el 5 de marzo de 2019 rige la redacción más dura de la Ley 4/2013: el arrendamiento queda extinguido con la ejecución salvo que estuviera inscrito previamente, algo poco frecuente. Los contratos anteriores conservan, por disposición transitoria, el régimen vigente al firmarse.