Qué cuenta ese 2,32 por ciento
La cifra está en las tablas anexas del INE de julio de 2026: de 2.289 compraventas canarias inscritas, 53 fueron de vivienda protegida, 26 en la provincia de Las Palmas y 27 en Santa Cruz de Tenerife. En España fueron 3.810 de 61.417, y entre los 19 territorios de esas tablas solo Baleares queda por debajo. La explicación no es un mercado débil: según ETDP.11, las compraventas canarias subieron un 2,1 por ciento y en España cayeron un 5,1 por ciento. Tampoco falta obra nueva: su peso, el 26,8 por ciento, es el tercero más alto del país.
Las ventas no son el parque, y lo dice la ley
Una vivienda protegida se vende menos porque la ley lo impone. La Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias, en su versión consolidada a 22 de abril de 2025, vincula en el artículo 39.2 el plazo de protección al periodo de amortización del préstamo de acceso y lo limita a treinta años; en la vivienda de promoción pública es permanente según el artículo 49. El apartado 3 prohíbe con carácter general la transmisión intervivos mientras rija el régimen: solo cabe con autorización previa y justa causa, y en los diez primeros años con reintegro de todas las ayudas y sus intereses. El artículo 36 sujeta la venta a un precio máximo tasado; el artículo 65 da al Instituto Canario de la Vivienda derecho de tanteo en las segundas transmisiones cuando las ayudas alcanzaron al menos el 15 por ciento del precio.
Qué se publica de verdad sobre parque y construcción
Para el parque hay dos cifras canarias sólidas, y ninguna es el 2,3 por ciento. El Instituto Canario de la Vivienda declara en su información estadística de 2025 un parque público gestionado de 22.015 viviendas. Más amplia es la encuesta de hogares del ISTAC del cuarto trimestre de 2024: de 1.008.564 adultos que compraron su vivienda, 124.212 viven en una protegida — el 12,32 por ciento, más de cinco veces el peso en las ventas. No se publica una cifra única del parque protegido del archipiélago. En construcción el balance es magro: el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana registra cero viviendas protegidas terminadas y cero iniciadas en Canarias en el primer trimestre de 2026, y el Instituto Canario de la Vivienda cuenta 241 iniciadas en 2025. La restricción a la reventa no explica por sí sola el porcentaje.
Gobierno y ministerio cuentan cosas distintas
El Gobierno de Canarias aporta otra serie. Según informó Radio Televisión Canaria el 24 de julio de 2026, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha recibido desde el inicio de la legislatura 200 solicitudes de calificación provisional que suman 4.047 viviendas protegidas — 75 para 2.004 viviendas en 2024, 95 para 1.589 en 2025, 30 para 454 en el primer semestre de 2026, y entre dos y 14 al año antes. El consejero Pablo Rodríguez dijo, según RTVC: «Cuando se eliminan obstáculos, se agilizan los procedimientos y se generan condiciones que hacen viables los proyectos, el sector responde». Para ese mismo primer trimestre de 2026 el ministerio no anota ninguna calificación provisional. Las solicitudes recibidas no son calificaciones concedidas, y una calificación no es una vivienda terminada.
La brecha entre vivienda libre y protegida
En paralelo, los valores se separan. El cubo E20007A_000001 del ISTAC sitúa el valor tasado de la vivienda protegida en Canarias en 1.231,2 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, un 3,66 por ciento más en un año; España llega a 1.247,0 euros y a un 4,97 por ciento más. Para la vivienda libre da 2.279,4 euros en Canarias en ese trimestre. La relación entre valor tasado libre y protegido se amplió así de 1,681 a 1,851; cálculo propio. En España es de 1,889, de modo que la brecha canaria sigue siendo algo más estrecha.