La batalla por la verdad en el CC Cita: cuando el acta se convierte en arma

Acto 1: La prohibición de grabar — un escudo contra la verdad

El Presidente abrió la junta con una prohibición. Sin grabaciones de audio, sin grabaciones de vídeo, cualquier vulneración tendría consecuencias legales. La justificación: protección de los derechos de la personalidad y RGPD.

La prohibición contradice la jurisprudencia consolidada. El Tribunal Supremo (STS 489/2018) y el Tribunal Constitucional (STC 11/1984) han establecido reiteradamente que un participante en una junta puede grabarla a efectos probatorios propios. En el contexto del acta del 7 de marzo demostrablemente falsa — donde un rechazo de 26 a 22 quedó protocolizado como «aprobado por mayoría» — la prohibición no se lee como protección de datos. Se lee como un golpe preventivo contra pruebas independientes.

Acto 2: El acta como fuente única

La prohibición de grabar no va sola. El acta la consigna con una amenaza sancionadora — «medidas legales oportunas». Una junta cuyo único registro permitido es el acta posterior no tiene contrafuente independiente. Lo que se dijo en la sala se reduce, tres semanas después, a lo que los redactores del acta hayan dejado escrito. Quien dicta la prohibición se asegura el monopolio interpretativo de la sesión.

Jurídicamente no se sostiene. Un acta es un documento privado. Goza de presunción de veracidad, pero es impugnable — para eso existe precisamente el artículo 18 de la Ley sobre Propiedad Horizontal. Blindar el documento escrito frente a cualquier otra forma de preservación de pruebas mediante amenaza sancionadora es intentar convertir un instrumento de documentación en un instrumento de poder. Sigue siendo el intento. No tiene respaldo en la jurisprudencia. Las «medidas legales oportunas» con las que el acta amenaza a quienes graban son exactamente las que la ley pone en manos de los propietarios — para impugnar el acta misma. Quien amenaza con un filo debería saber hacia dónde corta.

Acto 3: Lo que el acta dice — y lo que pasó en la sala

Tres semanas después de la junta, el acta está entregada. En varios puntos se aparta de lo que, según fuentes verificadas, se trató en la sala.

El presupuesto. El 19 de abril, un día después de la junta, CITA News informó de un presupuesto total 2026 de 967.490 euros. El acta del 10 de mayo recoge 951.650,04 euros. Diferencia: 15.840 euros. Sin moción de corrección, sin recuento, sin explicación.

La autorización bancaria. Una cláusula mancomunada 2 de 3 detallada para las cuentas en BBVA aparece en el acta. En la cobertura de CITA News del 19 de abril sobre la junta no figura ninguna moción al respecto. Una cláusula en el acta que no fue votada en la sala carece de fuerza vinculante según el artículo 19.3 LPH.

Lo que no figura en el acta. El saldo bancario de 615.000 euros, mencionado en la sala por el Vicepresidente en respuesta a una pregunta directa de un propietario, según fuentes verificadas. El intercambio sobre los ordenadores desaparecidos de la comunidad, que el Presidente describió en la sala como un «delito» y que CITA News documentó en la parte 9 de esta serie. La declaración de la nueva Administradora de que la comunidad nunca presentó el Modelo 184 — declaración fiscal anual obligatoria para proveedores superiores a 3.000 euros. El plazo de cuatro semanas anunciado para la auditoría del traspaso. Todo discutido en la sala. Nada de ello en el acta.

Acto 4: El mecanismo

Ocho semanas, dos actas. La primera convirtió un claro 26 a 22 en su contrario — derrota presentada como aprobación. Quedó refutada solo porque se habían realizado dos grabaciones independientes. La segunda es más sutil: una corrección silenciosa a la baja, una cláusula no votada, cuatro omisiones sustantivas. Las cifras son menores, el método es el mismo. Entregar, tres semanas después de la junta, un acta en la que falta la mitad de la sesión no es documentar. Es filtrar.

Por supuesto, cualquier propietario habría tenido derecho, por jurisprudencia española, a grabar la sesión a efectos probatorios. La pregunta no es si alguien lo hizo. La pregunta es por qué se hizo necesario.

El plazo de impugnación del artículo 18 LPH se cierra el 18 de julio de 2026. Cuando hay infracción de ley o estatutos: un año, hasta el 18 de abril de 2027. El reloj corre.