Lo ocurrido
El 17 de abril de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó por primera vez que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria — el PIO — es nulo. Cuatro semanas después, el 14 de mayo, la misma sala ha publicado una segunda sentencia. La demandante esta vez: Lopesan.
El PIO no es un plan cualquiera. En 25.000 páginas regula dónde se puede construir en Gran Canaria, dónde están las zonas turísticas y dónde se mantienen los espacios protegidos. Sin él no hay base jurídica segura para las obras. El Cabildo lo aprobó el 29 de diciembre de 2022, tras un procedimiento que duró casi dos décadas.
En el TSJC hay más recursos pendientes contra el mismo plan. «En los próximos días se emitirán más resoluciones», ha anunciado el tribunal.
Por qué el tribunal anula el plan
Dicho de forma sencilla: el Cabildo aprobó en 2022 un plan que se adaptaba a una ley que en España ya hacía tiempo que no estaba en vigor. Había sido sustituida en 2017 por otra norma.
El tribunal ve aquí un defecto de construcción: un plan basado en una norma derogada tiene que revisarse de inmediato — por lo tanto, era nulo desde el inicio.
El presidente insular Antonio Morales califica la sentencia de «injusta, errónea y superficial» y anuncia que el Cabildo acudirá al Tribunal Supremo y, en su caso, al Tribunal Constitucional. Puede llevar años.
Dos décadas de plan, dos sentencias. Gráfico: CITA News.
Lopesan, la demandante
No deja de tener cierta ironía que precisamente Lopesan sea quien haya ganado uno de los procedimientos. El grupo de Meloneras es uno de los principales operadores hoteleros de la isla — y construye actualmente, como informamos el martes, el mega-resort «Lopesan Meloneras Family» con 953 habitaciones. También allí se levanta obra. También allí el PIO está en el trasfondo.
Lopesan no impugnó el plan por principio, sino por determinaciones puntuales que limitaban el crecimiento de sus propias zonas turísticas. Se sumaron al recurso dos constructoras más pequeñas.
Políticamente la situación es explosiva. La oposición (PP) habla de «un varapalo judicial y político en toda regla» al Gobierno de Morales (Nueva Canarias). Morales replica que el tribunal «arremete directamente contra el desarrollo social y económico de la isla».
Lo que supone realmente
Mientras la sentencia no sea firme, el PIO sigue formalmente vigente. Esa es la lectura oficial del Cabildo. En la práctica, la situación es incierta.
Los promotores informan de creciente prudencia por parte de los bancos: quien construye apoyándose en el PIO como base jurídica para una licencia hotelera o residencial puede acabar, una vez resuelto el procedimiento judicial, sin la base legal que esperaba. Los compradores particulares de vivienda de obra nueva en Gran Canaria deben contar con demoras.
Para grandes proyectos como el resort de Lopesan cambia poco — están blindados por autorizaciones propias. Otros proyectos, sobre todo en las zonas turísticas más recientes, dependen directamente del PIO de 2022.
Otra consecuencia: mientras Gran Canaria no tenga un nuevo plan firme, la isla vuelve a regirse por el plan anterior, el de 2004. Lo que entonces no estaba permitido sigue sin estarlo hoy — aunque el PIO de 2022 lo hubiera contemplado.
Gran Canaria entra en un largo limbo jurídico. El Tribunal Supremo necesitará años. Hasta entonces, la isla seguirá construyendo — con prudencia.
Preguntas frecuentes
- ¿Se ha eliminado ya el PIO de forma inmediata?
- No. Mientras el Cabildo recurra, el plan sigue formalmente vigente. Aun así, promotores y abogados recomiendan prudencia.
- Como comprador particular de vivienda de obra nueva, ¿tengo un problema?
- Si la licencia de su promotor se concedió antes de 2022, probablemente no. En proyectos más recientes que dependen directamente del PIO de 2022, son posibles demoras. En caso de duda: pregunte directamente al promotor y al notario.
- ¿Qué pasa con el proyectado mega-hotel de Lopesan en Meloneras?
- Lopesan es la demandante, no la demandada. El proyecto cuenta con autorizaciones propias al margen del PIO de 2022. No se esperan consecuencias directas.
- ¿Cuánto tiempo hasta la decisión definitiva?
- El Tribunal Supremo suele tardar entre dos y cuatro años. Con instancias adicionales puede prolongarse.
- ¿Qué hacen las otras islas?
- Tenerife y Fuerteventura siguen el caso de cerca. Una anulación del PIO en Gran Canaria podría propagarse jurídicamente a las demás islas.